Venezuela se encuentra en el centro de un tablero geopolítico en el que tres países cuidan sus intereses estratégicos dentro de este país. Por eso es que Rusia, Estados Unidos y Colombia atizan la polarización al respaldar, el primero: a Maduro; y los dos últimos: a Guaidó.
La crisis política en Venezuela ya no es solo una crisis social, económica y política interna. Es un conflicto multidimensional en el que se ha configurado toda una compleja red de monopolios empresariales, políticos, financieros y criminales que se han lucrado con los flujos de capital que circulan entre los grupos de poder del gobierno de Nicolás Maduro.
Esos capitales se mueven en una especie de cuadrado delimitado por cuatro aristas o esquinas que representan los cuatro recursos que la cúpula de Maduro utiliza y controla para autofinanciarse y sostenerse en el poder: el oro, el petróleo, la droga y las armas.
Cada uno de esos elementos es controlado por grupos de presión determinados que forman parte de una estructura de monopolios extendidas a lo largo y ancho del país con brazos y redes en el extranjero.
En el caso del oro, las mafias que gobiernan las zonas mineras y rurales del estado Bolívar, al suroriente del país, se distribuyen internamente toda la producción del metal precioso. Y en esas actividades tienen participación los distribuidores, comerciantes y productores de oro que mantienen negocios con el gobierno de Maduro, por lo cual buena parte de ese oro va a parar en las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV).
Asimismo, el tráfico de droga, armas (a través de la frontera con Colombia) y el transporte de petróleo por rutas alternas a las bloqueadas por Estados Unidos, le han provisto al régimen una fuente de recursos, especialmente de euros en efectivo, sobre todo por la exportación de oro del BCV a Turquía y de presuntas conexiones en venta de armamento a la guerrilla colombiana de las FARC, que supuestamente opera también en territorio venezolano, según las denuncias del presidente colombiano Iván Duque y de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional reconocido también como presidente interino de Venezuela por 55 países.
Esa dinámica de amplias proporciones ha dilapidado todo el sistema financiero y de generación de recursos monetarios/comerciales del país para su abastecimiento, red de consumo y suministro económico a nivel interno. Por eso es que la inflación permanece y agrava la crisis social, debido a la falta de divisas que puedan financiar la economía doméstica por su desvío en estructuras gubernamentales y su reemplazo con bolívares producidos de forma artificial por el sistema financiero del BCV.
Desde los niveles más altos del poder hasta el sistema de vida social y humana de la cotidianidad de la población civil. Esa es la relación y conexión de la actual crisis nacional con respecto a su origen, lo cual significa que el proceso de deterioro, involución y reducción de la sociedad y la nación venezolana en todos sus órdenes proviene de la monopolización de los recursos del Estado en el circuito de intereses de una élite política-militar bajo un marcado sesgo ideológico que funciona como fachada discursiva ante la agenda pública del país.
Entonces, sabiendo que este es el estatus quo de Venezuela actualmente, ¿por dónde pasa el desbloqueo de la crisis?
Venezuela se encuentra en el centro de un tablero geopolítico en el que tres países cuidan sus intereses estratégicos dentro de este país. Por eso es que Rusia, Estados Unidos y Colombia atizan la polarización al respaldar, el primero: a Maduro; y los dos últimos: a Guaidó.
La salida tiene dos opciones o dos caminos: o es interna o es externa. De tal forma que a nivel doméstico solo podrían tener lugar una negociación o unas elecciones tras previo acuerdo político. En cuanto a la segunda vía, las dos opciones pasan por una implosión interna por inducción de presión financiera y diplomática a niveles extremos, o en su defecto, el recurso in extremis del uso de la fuerza internacional contemplado en el polémico mecanismo del TIAR.
Si se aplica el método del descarte, la negociación se encuentra en una fase de estancamiento en paralelo a la profundización de la crisis por la expectativa social de que no habrá un cambio político y todo lo que ello implica en cuanto a la reducción aun peor de la confianza de los venezolanos hacia su economía y todo el sistema de vida de su país.
Además, unas elecciones tras previo acuerdo suponen toda una reingeniería del sistema electoral y del sistema político, que el gobierno de Maduro no aceptaría por ubicarse en amplias desventajas de apoyo social, político, diplomático, internacional y geopolítico que lo colocan en jaque y lo catalogan como un gobierno de facto que solo detenta el poder, mas no gobierna en todo el sentido estricto del término.
En el otro plano, la presión financiera puede ser un factor que lleve al régimen a una negociación de carácter también internacional para ganar prerrogativas que le permitan una supervivencia judicial e incluso a la integridad personal de sus funcionarios más allá de pervivencia política.
Aunado a eso, el mecanismo de la fuerza internacional o la “opción militar”, que tanto se ha convertido en un tabú en Venezuela, es un escenario de extensión, polarización y exacerbación de un conflicto de intereses a nivel nacional que ya rozaría una catástrofe humanitaria bajo observación mundial.
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En ese supuesto de profundización tan grave del estado de cosas en Venezuela, el uso del TIAR como mecanismo de coalición internacional para una acción armada que disuada al grupo de poder de Maduro de cesar en su control territorial y político del país sería un acuerdo regional en toda América para atender la crisis venezolana por razones humanitarias, de derecho internacional y de compromisos como comunidad de naciones hermanadas en los tratados de la ONU, pero con el peculiar aspecto de que sería una solución de altos costos sociales.
Sin embargo, Estados Unidos, que es el único país del planeta con intenciones implícitas de incursionar en una redada militar en Venezuela para enjaular al régimen de Maduro y tomarlo como rehén en una negociación bajo coacción, como hizo EEUU en Panamá cuando la invadió para sacar al dictador Manuel Noriega del poder en 1989, no ve ni planea asumir los riesgos geopolíticos y políticos internos que tendría para Donald Trump y su gobierno correr con el costo de una anarquía final en Venezuela, tomando en cuenta que EEUU es la nación con la capacidad militar y fuerzas armadas más poderosa del globo.
De esta forma se puede inferir que, hasta ahora, apelando a la realidad y a la viabilidad del actual estado de cosas dentro y fuera de Venezuela, la salida o el desbloqueo a la crisis del país es llevar al régimen de Maduro a una negociación bajo coacción extrema por el efecto de una nueva ola de sanciones financieras, bloqueos multilaterales, rupturas diplomáticas-comerciales y bloqueo naval/aéreo, que de hecho está contemplado en uno de los artículos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
➨ Artículo escrito por Ricardo Serrano (@RS_Journalist), es estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, analista político y articulista habitual de Subversión en letras
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