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Editorial | Una Venezuela sin presos políticos


Desde la Asamblea Nacional se sigue buscando una ruta de transición que permita el retorno de la democracia a Venezuela y al mismo tiempo la liberación de tantos venezolanos injustamente detenidos

La cifra de presos políticos en Venezuela es de 714 según Foro Penal, organización defensora de los derechos humanos. Setecientos catorce hombres y mujeres se encuentran encarcelados en condiciones precarias donde son sometidos a torturas físicas y psicológicas, tal como le ha ocurrido al diputado Juan Requesens y a su colega Gilber Caro, liberado este lunes 17 de junio.

Los presos políticos se han convertido en una realidad en los 20 años de dictadura chavista. Hay presos políticos que son desde diputados hasta estudiantes; enfermeras o bomberos; policías o abogados; periodistas o amas de casa. El régimen de Nicolás Maduro solo necesita apuntar para que los esbirros actúen arbitrariamente y detengan a todo aquel que se convierta en un “estorbo” para los intereses de la nomenklatura.

Gilber Caro ha estado detenido en dos prolongadas ocasiones. La primera vez fue en 2018 y la segunda este año cuando estuvo 50 días desaparecido aunque luego su abogada informó que estaba recluido en las celdas de la policía política del chavismo en El Helicoide, donde también se encuentra el diputado y quien fuera jefe del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, detenido el 20 de marzo de este año en su residencia.

Aunque el diputado Caro fue liberado, aún hay cientos de venezolanos detenidos ilegalmente por su derecho a la protesta o defender la Constitución, y entre esos hay líderes sindicales como Rubén Gónzalez que fue privado de libertad por un tribunal militar, violando los estándares internacionales del debido proceso. Pero en casos más lamentables, en la misma sede del Servicio de Inteligencia se han cometido asesinatos contra presos políticos como ha sido la muerte del concejal Fernando Albán y consejero del también diputado en el exilio Julio Borges. Albán fue asesinado el 8 de octubre del 2018 luego de haber sido detenido y acusado de haber planeado el supuesto atentado del 4 de agosto contra Nicolás Maduro, el mismo argumento que se empleó para detener a Requesens. El cuerpo del concejal cayó desde un décimo piso, pero el fiscal de la dictadura aseguró que fue un “suicidio”. 

Venezuela siempre fue un país vigilante de los derechos humanos y así reconocido en la región por sus vecinos y aliados, sin embargo, Hugo Chávez inauguró una era oprobiosa de persecución y hostigamiento al que pensara distinto o criticara cualquier decisión presidencial, pero con la asunción de Maduro al poder, y con él la inteligencia cubana y posteriormente rusa, la situación empeoró hasta límites grotescos. No obstante, los venezolanos no dejan de soñar y luchar por un país libre de presos políticos y libres de ideologías y dogmas que amordazan y asesinan.

Desde la Asamblea Nacional se sigue buscando una ruta de transición que permita el retorno de la democracia a Venezuela y al mismo tiempo la liberación de tantos venezolanos injustamente detenidos. Son los presos políticos un objetivo que la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, debe tener en mente mañana 19 de junio cuando arribe a Caracas. No puede ignorar los desgraciados acontecimientos que diariamente ocurren en el país.

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