El costo social y político de Piñera al asumir el estatus quo actual como una “guerra” y tomar control del monopolio de la fuerza de manera precipitada, generó un efecto expansivo de temor social
El llamado “oasis de América Latina” pasa por uno de los momentos más críticos de su historia desde el período de la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy por hoy, Chile se encuentra en un proceso de reestructuración de su cultura social a partir de una compleja mutación de la percepción política hacia el sistema socioeconómico que impera en uno de los países con el costo de vida más elevado del continente después de Brasil.
Muchos factores se acumularon en la agenda y la opinión pública nacional hasta saturar todo el tejido social de difíciles coyunturas económicas e incluso humanas para los distintos estratos sociales que habitan el complejo sistema de vida que tiene Chile. El aumento en la tarifa del pasaje del Metro de Santiago de 800 a 830 pesos fue solo la gota que derramó el vaso, como lo han dicho hasta la saciedad los manifestantes e incluso la propia clase política chilena.
Para tener una idea de lo desproporcional que es el sistema chileno, basado en el famoso “milagro económico chileno” y el tan promocionado “modelo chileno” en el mercado político y financiero de la región, es necesario conocer los datos económicos que marcan una realidad completamente adversa para quien no va al vertiginoso ritmo de la cotidianidad en ese país.
Según estudios estadísticos nacionales e información recabada por agencias de noticias internacionales, las deudas de los trabajadores chilenos para cubrir sus necesidades básicas y lograr llegar a fin de mes alcanzan el 48% del producto interno bruto (PIB) del país. Es decir, el endeudamiento total del 50% del mercado laboral activo suma un volumen de capital que es casi la mitad de los ingresos del Estado.
A eso se le suma que el 50% de la población chilena laboralmente activa devenga un salario mensual inferior a 400.000 pesos (526 dólares) frente a un costo de la vida que no impone dificultades económicas para el presupuesto de alimentación familiar, pero sí para la cobertura de gastos en servicios públicos, pago de impuestos y ahorros en los polémicos fondos de pensiones que, de manera privada y en fondos de inversión empresarial, administran los ahorros de los trabajadores chilenos destinados a la acumulación de su seguridad social a futuro post-jubilación.
El crecimiento de los circuitos internos de financiamiento y generación de recursos en moneda nacional no es tan robusta como para expandir la cantidad de dinero fresco que les permita a los chileno acoplarse con suficiencia y vastedad a los costos de la economía interna
Además, la división socioeconómica es tan fuerte el 30% de los ingresos del Estado chileno van a parar o se dirigen al 1% más rico de la población, que es el que ostenta toda una estructura de capitales soportada por una élite empresarial que mantiene estrechos nexos con el conglomerado transnacional que hace vida en Chile.
Y en el caso de los ingresos de la principal compañía estatal y que, por ende, es el motor de generación de capitales más fuerte del país para incursionar en los mercados internacionales y financiar el desarrollo de la nación: Codelco, la estatal minera exportadora de cobre, el 75% de sus recursos financieros y ganancias van a parar a la cartera presupuestaria de las Fuerzas Armadas, mientras que solo el 25% restante queda en manos del Gobierno nacional.
Esa configuración del sistema de captación, generación y distribución de capitales ocasiona que, al no abastecerse de los recursos externos y fiscales suficientes (en dólares) para expandir el presupuesto del Estado a los mecanismos de financiamiento de la economía con mayor dinero (en pesos chilenos) proveniente de la actividad financiera de la nación tanto de la exportación de cobre como de la dinámica empresarial interna, el gobierno de Sebastián Piñera no mantiene una estructura de montos, financiamiento y capitales sólida para aplicar políticas públicas que aumenten el salario mínimo, aumenten las pensiones y le provean un mayor empoderamiento socioeconómico a la población chilena.
Y aunque la economía de Chile sobre el 3% en 2019 y 2020, y se mantiene en una inflación de sobra controlada en un ínfimo 2%, según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento de los circuitos internos de financiamiento y generación de recursos en moneda nacional no es tan robusta como para expandir la cantidad de dinero fresco que les permita a los chileno acoplarse con suficiencia y vastedad a los costos de la economía interna en su día a día dentro de un sistema de vida configurado bajo mecanismos y monopolios de rentas a partir de los fondos privados de inversión, empresas y administración de los ámbitos públicos del Estado en la gestión de las condiciones de vida humana: electricidad, agua, transporte, salud, educación.
El costo social y político de Piñera al asumir el estatus quo actual como una “guerra” y tomar control del monopolio de la fuerza de manera precipitada, generó un efecto expansivo de temor social, caos inducido desde el Estado y percepción sociopolítica colectiva de que el Gobierno busca apaciguar a la población para aplicar política unilaterales que no resuelven los problemas estructurales de fondo que tienen configurado el sistema país de Chile desde hace 30 años, instaurado por el complejo aparato de poder de la dictadura y Estado totalitario de Pinochet, pasado por los ciclos de evolución del Estado chileno hacia el polarizante comunismo-socialismo de Salvador Allende antes de la llegada de la dictadura de derecha.
Imágenes cortesía de AP
➨ Artículo escrito por Ricardo Serrano (@RS_Journalist), es estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, analista político y articulista habitual de Subversión en letras
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