Venezuela: de un alzamiento militar a una mesa de negociación en Noruega, ¿y ahora?

De manera contraproducente, las conversaciones solo se quedaron en eso; en una retórica a puerta cerrada 

Lo que tanto temían los venezolanos y lo que el fuerte pulso de los hechos políticos podían generar ya ocurrió. En Venezuela, la crisis, o mejor dicho, la anarquía política-económica se tornó un complejo conflicto de poder a partir del martes 30 de abril de 2019. 

Desde el 2013, pero con mayor fuerza desde 2014, la nación comenzó a vivir una serie de ciclos de tensión política y social como respuesta natural al tipo de sistema de poder que se instauró en el país con la llegada del régimen de Nicolás Maduro, que progresivamente fue evolucionando hasta pasar de ser un gobierno civil de izquierda a una élite comunista empresarial y militar enclaustrada en el blindaje de un para-Estado creado por el ahora gobierno de facto de Maduro.

Fue precisamente el 30 de abril cuando Venezuela amaneció con la noticia de un aparente alzamiento político-militar con la sorpresiva liberación del líder opositor más radical del país, Leopoldo López, cuya encarcelación en 2014 generó un largo proceso de coordinación política en el seno de su partido (Voluntad Popular) para captar el mejor punto de su cálculo político y emplear el fuero institucional de la Asamblea Nacional como catalizador del movimiento de transición, iniciado con la juramentación del semi-outsider Juan Guaidó como presidente del Parlamento y luego como presidente encargado de Venezuela.

Lo cierto es que el movimiento insurreccional del 30-A no tuvo éxito por el bajo volumen de fuerza militar y los altos costos de la represión que el régimen indujo apenas supo de la intención de Guaidó y López para ese día a tempranas horas de la mañana en Caracas.

De hecho, luego de haberse dispersado la movilización de Guaidó hacia el distribuidor Altamira después de los disturbios entre los militares opositores y los paramilitares (colectivos) pro-oficialistas en la base aérea La Carlota, se desató una fuerte persecución política entre los cuadros de la inteligencia madurista. 

Según analistas, ese es un probable indicio de que ni Diosdado Cabello (el llamado “número dos” del chavismo) ni los agentes cubanos atrincherados en la Fuerza Armada venezolana sabían de las presuntas negociaciones entre altos funcionarios de la cúpula para sacar a Maduro del poder y, según Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, enviarlo a Cuba antes de que los rusos le impidieran abandonar el país. 

De acuerdo con Hugo Carvajal, ex director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), los movimientos tácticos de funcionarios del gobierno de Rusia y los funcionarios del G2 (aparato de inteligencia) de Cuba neutralizaron los hechos del 30-A.

Según una investigación del diario The Wall Street Journal, la oposición agrupada en el movimiento Guaidó estuvo negociando la salida de Maduro son altos funcionarios del régimen

Además, se registraron enfrentamientos internos en todos los órganos de seguridad y armas del Estado, pues Maduro empezó a mostrar desconfianza en su policía política; el SEBIN, debido a que el entonces director de ese cuerpo, Manuel Cristopher Figuera, fue quien acató el indulto presidencial de Guaidó para sacar a Leopoldo López de su arresto domiciliario. Esa desconfianza generó incluso que Maduro autorizara la remoción del director de la Policía Nacional por un hombre que fue líder de los paramilitares motorizados (colectivos) que apoyan al régimen chavista.

Según una investigación del diario The Wall Street Journal, la oposición agrupada en el movimiento Guaidó estuvo negociando la salida de Maduro son altos funcionarios del régimen, pero Vladimir Padrino López (ministro de Defensa y el soporte militar de Maduro) fingió ser un conspirador y filtró la información de esas negociaciones al propio Nicolás Maduro y a los rusos. “Por eso es que el golpe nunca se dio”, le dijo una fuente del Gobierno al rotativo estadounidense. 

Sin embargo, las negociaciones escalaron a otro nivel. Y es que según el medio colombiano NTN24, el exjefe del SEBIN Cristopher Figuera reveló una supuesta negociación para sacar a Maduro del poder. El exdirector de la Policía de Inteligencia presuntamente habría filtrado una conversación vía Whatsapp que confirmaba la supuesta participación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, en esa negociación.

Moreno habría pedido una cantidad que ronda los 100 millones de dólares a cada testaferro de Maduro y Diosdado Cabello para deslindarse de su apoyo al régimen y contribuir al colapso de la cúpula madurista del trono del poder político en Miraflores. Esos testaferros buscaron salvarse tras la negociación pactada, según Figuera.

En esa filtración se hablaba sobre entramados de corrupción y negociación ilegal del oro del Banco Central de Venezuela (BCV). Al momento de difundirse esa información, Figuera estaba en plena ejecución de un plan para salir del país. 

Lo que pasó en Noruega, se quedó en Noruega

Esta cadena de hechos de alta tensión política e incluso militar forzó al régimen a bajar los costos de salida a los que está expuesto debido a la fuerte presión internacional y económica que tiene encima. Es por ello que ambos factores políticos aceptaron sentarse en una mesa de negociación en Oslo, capital de Noruega, con el Gobierno nórdico como mediador y el respaldo diplomático de Estados Unidos, China y el Vaticano (sin el apoyo expreso de Rusia). 

Pero de manera contraproducente, las conversaciones solo se quedaron en eso; en una retórica a puerta cerrada sobre la cual no se conocen detalles en la opinión publica venezolana acerca de cuáles puntos abordaron los enviados de Maduro (Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez) y los enviados de Guaidó (Stalin González y Gerardo Blyde).

Las rondas iniciaron en una fase exploratoria durante la cual el mediador del Gobierno de Noruega, Dag Nylander, se reunió con ambas partes por separado tras una previa convocatoria diplomática formal de Oslo a buscar una solución al conflicto político a través del diálogo. 

No obstante, este solo fue el cuarto episodio de intento de negociación tras los fracasos de 2014, 2016 (en Caracas) y 2018 (en República Dominicana). En esas conversaciones en Noruega, ambas partes trataron de restarle poder a la otra. El chavismo no dio concesiones y los opositores pro-transición presionaron aún más.

Esa negociación fallida, aunque Guaidó lo negara, fue una vía que él tomó para bajar tensiones en el país, pero no funcionó porque el régimen no dio ni un ápice de su poder en las concesiones que buscaba la oposición. Esas negociaciones podrían generar un alto costo político para el presidente encargado, pues no forzó al régimen a otorgar tales concesiones.

De hecho, Guaidó apostó a que el régimen entregara plazas de poder o cediera posiciones electorales, pero el cálculo político le salió mal. Esto se debe a que Maduro no aceptó negociar el poder debido a que no cesa la presión de la cúpula radical de Diosdado Cabello sobre los monopolios que rodean a la cúpula de Maduro, dado que el chavismo militar se encuentra fragmentado entre ambas alas. 

Si se hubiese dado una negociación real y exitosa en Noruega, la carta que el chavismo hubiera puesto sobre la mesa habrían sido: bajar la represión manteniendo el poder, mientras que la oposición hubiera exigido solo la salida de Maduro sin posibilidad de incluir al chavismo en un hipotético gobierno de coalición. 

La vía Noruega no resultó ser el catalizador que el país esperaba para la crisis, solo resultó ser un elemento político de subsistencia para el régimen, es decir, más tiempo y más oxígeno, según analistas. 

Y aunque ese diálogo tuvo apoyo diplomático de peso, no implicó un blindaje que se tradujera en un otorgamiento de concesiones de la oposición al régimen como para que este haya podido buscar un acuerdo electoral a su conveniencia, pues el único acuerdo electoral al que podría llegarse es aquel que tenga la condición expresa de una reforma total del sistema electoral venezolano y una renovación de la directiva del organismo, según las exigencias de Guaidó y su equipo.

Esta compleja realidad política nos indica entonces que lo que actualmente sucede en Venezuela es una dialéctica de poderes muy acentuada. Es una dialéctica de poder enmarcada en una crisis política donde están presentes dos factores de poder fácticos.

Por un lado está una élite política-militar comunista enclaustrada en un gobierno de facto con poder coactivo (represión de Estado), como lo es el régimen de Maduro. Y por el otro lado está un poder simbólico, como lo es el gobierno encargado de Guaidó, a pesar de que tiene el reconocimiento diplomático de más de 50 países.

Esta pugna de poder se da en medio de una crisis económica inducida por el gobierno de facto en cuanto que esa crisis económica ha permeado toda la estructura social del país. Entretanto, la sociedad venezolana se sigue menguando y deteriorando en el letargo de una involución social y humana sin precedentes en su historia. 

Lo cierto es que a la sociedad venezolana no le importa quién asuma el poder después de un eventual derrocamiento del régimen de Maduro, pues lo que realmente busca la nación es un poder nuevo, renovado, democrático e instaurador de un sistema de vida nacional humanamente sostenible. El 94,8% de los venezolanos consideran la situación del país como extremadamente negativa, según una encuesta de Datanálisis realizada en abril. 

➨ Artículo escrito por Ricardo Serrano (@RS_Journalist), es estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, analista político y articulista habitual de Subversión en letras