La respuesta natural instintiva de un régimen comunista totalitario como el de Maduro es conservar a toda costa el poder
Y es que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y juramentado como presidente encargado de Venezuela, le ha declarado una verdadera guerra política al Gobierno de facto de Nicolás Maduro con su proyecto de transición, que ahora parece haber llegado a su momento cumbre.
Los hitos del 23 de enero y el 23 de febrero marcaron y aceleraron la velocidad de los acontecimientos en una situación realmente extenuante entre ambos polos políticos: el régimen comunista chavista de Maduro y el proyecto transicional del ahora constituido “movimiento Guaidó”. No debe descartarse que ese movimiento se constituya como una fuerza política de peso en el futuro del país.
La llamada “Operación Libertad” de Guaidó es una estrategia con la cual el líder opositor busca sumar apoyos y crear una red política con suficiente fuerza social, tanto de los diversos sectores de la sociedad civil como del pueblo de a pie, para conseguir el respaldo social que requiere un eventual choque de trenes, pues el propio Guaidó ha asegurado que pronto irá a Miraflores a ocupar “su oficina” como presidente encargado de Venezuela.
También debe tomarse en cuenta que el desenlace de esta crisis podría estar condicionado por la posible reacción que asuman las Fuerzas Armadas y Estados Unidos en caso de una implosión o un choque social en el epicentro del poder político del país: Palacio de Miraflores, Caracas.
Sin embargo, el régimen sigue valiéndose de su sistema de dominio totalitario sobre el Estado, entendido como un para-Estado (sistema de instituciones que funcionan como brazos políticos a la medida de Maduro), y decidió imponer una inhabilitación al ejercicio de cargos públicos por 15 años sobre Guaidó a través de la Contraloría General de la República. El régimen alegó una supuesta dudosa procedencia de 200 millones de bolívares (50.000 dólares) que Guaidó habría gastado por concepto de viáticos durante su gira por Colombia, Perú, Argentina y Ecuador.
Esa inhabilitación fue el preludio del posterior allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Guaidó, la cual es jurídicamente improcedente e inválida por dos razones: 1) Se ejecutó sin un previo antejuicio de mérito y sin elementos probatorios. 2) La autorizó un órgano (Asamblea Nacional Constituyente) cuya existencia y eficacia jurídica es nula por haberse originado en un proceso electoral con condiciones ilícitas.
Pero, según analistas, esos hechos solo fueron cortinas de humo y artimañas políticas del régimen para amedrentar a Guaidó con un aspecto de “fuerza y peso del Estado”.
La realidad es que el hito que agilizó la vertiginosidad de la crisis política venezolana fueron los disturbios del 23 de febrero en la frontera de Venezuela con Colombia cuando el equipo político de Guaidó intentó ingresar por la fuerza los cargamentos de ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos.
En el fondo, esa ayuda humanitaria fue un elemento político táctico para mover las piezas del panorama internacional y exponer más aun el talante tiránico y autoritario del ya repudiado régimen de Maduro por la mayoría de la comunidad internacional.
Luego de las condenas de organismos como la OEA, el Grupo de Lima, diversos gobiernos de Europa y leves pronunciamientos de la ONU, el régimen de Maduro decidió radicalizarse y atrincherarse en el poder con movimientos internos en los roles de los funcionarios más cercanos a Maduro en su cúpula política, movimientos internos que el líder chavista anunció pero que nunca reveló ni informó al país.
A partir de esa fecha, la crisis en Venezuela adquirió un signo mucho más internacional que doméstico, pues aunque Guaidó ha organizado movilizaciones masivas y también el oficialismo ha realizado contramarchas en repuesta al accionar político-social de la “nueva oposición”, el país parece estar en un estatus en el que el desbloqueo del juego cerrado entre ambas fuerzas pasa ineluctablemente por una acción internacional, ya sea de carácter diplomático o militar (intervención armada).
¿Por qué? La respuesta natural instintiva de un régimen comunista totalitario como el de Maduro es conservar a toda costa el poder mediante las bases de la coacción y el control sobre el monopolio de la violencia de Estado. Por este motivo, Maduro ordenó la entrada al país de una misión con 99 militares rusos que presuntamente trajeron “insumos” para una “cooperación militar técnica” con las Fuerzas Armadas venezolanas, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
Pero así como el régimen de facto de Maduro busca aferrarse y amarrar el poder mediante el blindaje militar de Rusia como garantía de más regalías petroleras (Caracas le debe $60.000 millones a Moscú), también lo ha hecho con Cuba por el aparato militar de inteligencia de aproximadamente 25.000 agentes cubanos que controlan los más altos rangos de la FAN, que sostienen a Maduro (8 generales venezolanos, entre ellos, Padrino López), según investigaciones de periodistas venezolanos.
El gobierno de facto también recurre a la única fuente de autofinanciamiento que le queda para alimentar toda la estructura de monopolios en el sector militar, que es el que controla la industria petrolera, minera, gasífera y energética del país, así como a las redes de corrupción a las cuales se desvían los flujos de capitales que entran a las arcas del Estado a través de PDVSA.
En el plano internacional, el régimen ahora también busca el apoyo diplomático y alianza de un gobierno forajido, representante de un Estado paria: el gobierno de Siria, presidido por Bashar Al-Assad, dada la reciente reunión bilateral que sostuvo el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, con el mandatario árabe, líder de un país que ha estado sumido en una guerra civil-terrorista desde 2011 hasta la actualidad.
El gran obstáculo que enfrenta el régimen de Maduro para su propia supervivencia es la fuerte presión diplomática, económica y geopolítica que le está aplicando el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos ha hecho lobby ante la ONU para que esta declare la crisis humanitaria en Venezuela, lo cual podría llevar incluso a un posible escenario de intervención diplomático-humanitaria del concierto de Naciones Unidas.
Pero el impacto más certero está en las recientes sanciones que anunció Washington sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual le prohíbe cualquier operación de extracción o swap con oro de las arcas de la nación, pues el régimen de Maduro ha sacado más de 8 toneladas de oro de las bóvedas del ente emisor y estas han sido exportadas a Turquía y Rusia desde marzo.
No obstante, economistas aseguran que esa medida de Estados Unidos sobre el BCV podría repercutir en la agresiva crisis económica del país al presionar al alza el precio del dólar en Venezuela, lo cual devaluaría más el bolívar y tendría un efecto rebote en la hiperinflación (actualmente de 2.300.000%) que ha destruido progresivamente toda la estructura económica, social, empresarial y comercial de la nación petrolera desde 2017.
Y el más reciente hito de esta compleja crisis, ya convertida en una anarquía social-política en Venezuela, es la entrada de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional el pasado 17 de abril. El régimen se ha valido de esa ayuda como un recurso político para alimentar su retórica de poder -jactándose de haberla traído al país gracias a la gestión del gobierno de Maduro- y usarla como estrategia diplomática con el propósito de bajar la presión internacional, según analistas.
Lo cierto es que, haya sido voluntaria o involuntariamente, Nicolás Maduro reconoció que el país sufre una crisis humanitaria luego de haberla negado desde 2017 y haber rechazado la de Estados Unidos bajo el argumento de que “Venezuela no necesita ayuda humanitaria”.
Ahora se contradijo y aceptó un beneficio que merma más su credibilidad y reconocimiento internacional, pues queda tácitamente demostrado que la tragedia social del país pudo haberse evitado o minimizado si Maduro hubiese aceptado la entrada de la Cruz Roja hace mucho tiempo. Y es que al detentar, aunque sea de facto, el monopolio del poder de gobierno, Maduro cometió el error político de aceptar una crisis que su administración causó por simple omisión.
Todo indica que el régimen parece demostrar un ápice de voluntad a ceder en ciertas posiciones, lo cual podría ser aprovechado por Guaidó como una estrategia a explotar llevando bajo presión a Maduro a un escenario de negociación en el que otorgue concesiones como la de esta ayuda humanitaria, pero en ese eventual caso, serían concesiones de poder y prerrogativas de salida, transición o un gobierno de coalición para destrabar la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela.
➨ Artículo escrito por Ricardo Serrano (@RS_Journalist), es estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, analista político y articulista habitual de Subversión en letras
Los hitos del 23 de enero y el 23 de febrero marcaron y aceleraron la velocidad de los acontecimientos en una situación realmente extenuante entre ambos polos políticos: el régimen comunista chavista de Maduro y el proyecto transicional del ahora constituido “movimiento Guaidó”. No debe descartarse que ese movimiento se constituya como una fuerza política de peso en el futuro del país.
La llamada “Operación Libertad” de Guaidó es una estrategia con la cual el líder opositor busca sumar apoyos y crear una red política con suficiente fuerza social, tanto de los diversos sectores de la sociedad civil como del pueblo de a pie, para conseguir el respaldo social que requiere un eventual choque de trenes, pues el propio Guaidó ha asegurado que pronto irá a Miraflores a ocupar “su oficina” como presidente encargado de Venezuela.
También debe tomarse en cuenta que el desenlace de esta crisis podría estar condicionado por la posible reacción que asuman las Fuerzas Armadas y Estados Unidos en caso de una implosión o un choque social en el epicentro del poder político del país: Palacio de Miraflores, Caracas.
Sin embargo, el régimen sigue valiéndose de su sistema de dominio totalitario sobre el Estado, entendido como un para-Estado (sistema de instituciones que funcionan como brazos políticos a la medida de Maduro), y decidió imponer una inhabilitación al ejercicio de cargos públicos por 15 años sobre Guaidó a través de la Contraloría General de la República. El régimen alegó una supuesta dudosa procedencia de 200 millones de bolívares (50.000 dólares) que Guaidó habría gastado por concepto de viáticos durante su gira por Colombia, Perú, Argentina y Ecuador.
Esa inhabilitación fue el preludio del posterior allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Guaidó, la cual es jurídicamente improcedente e inválida por dos razones: 1) Se ejecutó sin un previo antejuicio de mérito y sin elementos probatorios. 2) La autorizó un órgano (Asamblea Nacional Constituyente) cuya existencia y eficacia jurídica es nula por haberse originado en un proceso electoral con condiciones ilícitas.
Pero, según analistas, esos hechos solo fueron cortinas de humo y artimañas políticas del régimen para amedrentar a Guaidó con un aspecto de “fuerza y peso del Estado”.
La realidad es que el hito que agilizó la vertiginosidad de la crisis política venezolana fueron los disturbios del 23 de febrero en la frontera de Venezuela con Colombia cuando el equipo político de Guaidó intentó ingresar por la fuerza los cargamentos de ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos.
En el fondo, esa ayuda humanitaria fue un elemento político táctico para mover las piezas del panorama internacional y exponer más aun el talante tiránico y autoritario del ya repudiado régimen de Maduro por la mayoría de la comunidad internacional.
Luego de las condenas de organismos como la OEA, el Grupo de Lima, diversos gobiernos de Europa y leves pronunciamientos de la ONU, el régimen de Maduro decidió radicalizarse y atrincherarse en el poder con movimientos internos en los roles de los funcionarios más cercanos a Maduro en su cúpula política, movimientos internos que el líder chavista anunció pero que nunca reveló ni informó al país.
A partir de esa fecha, la crisis en Venezuela adquirió un signo mucho más internacional que doméstico, pues aunque Guaidó ha organizado movilizaciones masivas y también el oficialismo ha realizado contramarchas en repuesta al accionar político-social de la “nueva oposición”, el país parece estar en un estatus en el que el desbloqueo del juego cerrado entre ambas fuerzas pasa ineluctablemente por una acción internacional, ya sea de carácter diplomático o militar (intervención armada).
¿Por qué? La respuesta natural instintiva de un régimen comunista totalitario como el de Maduro es conservar a toda costa el poder mediante las bases de la coacción y el control sobre el monopolio de la violencia de Estado. Por este motivo, Maduro ordenó la entrada al país de una misión con 99 militares rusos que presuntamente trajeron “insumos” para una “cooperación militar técnica” con las Fuerzas Armadas venezolanas, según Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.
Pero así como el régimen de facto de Maduro busca aferrarse y amarrar el poder mediante el blindaje militar de Rusia como garantía de más regalías petroleras (Caracas le debe $60.000 millones a Moscú), también lo ha hecho con Cuba por el aparato militar de inteligencia de aproximadamente 25.000 agentes cubanos que controlan los más altos rangos de la FAN, que sostienen a Maduro (8 generales venezolanos, entre ellos, Padrino López), según investigaciones de periodistas venezolanos.
El gobierno de facto también recurre a la única fuente de autofinanciamiento que le queda para alimentar toda la estructura de monopolios en el sector militar, que es el que controla la industria petrolera, minera, gasífera y energética del país, así como a las redes de corrupción a las cuales se desvían los flujos de capitales que entran a las arcas del Estado a través de PDVSA.
En el plano internacional, el régimen ahora también busca el apoyo diplomático y alianza de un gobierno forajido, representante de un Estado paria: el gobierno de Siria, presidido por Bashar Al-Assad, dada la reciente reunión bilateral que sostuvo el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, con el mandatario árabe, líder de un país que ha estado sumido en una guerra civil-terrorista desde 2011 hasta la actualidad.
El gran obstáculo que enfrenta el régimen de Maduro para su propia supervivencia es la fuerte presión diplomática, económica y geopolítica que le está aplicando el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos ha hecho lobby ante la ONU para que esta declare la crisis humanitaria en Venezuela, lo cual podría llevar incluso a un posible escenario de intervención diplomático-humanitaria del concierto de Naciones Unidas.
Pero el impacto más certero está en las recientes sanciones que anunció Washington sobre el Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual le prohíbe cualquier operación de extracción o swap con oro de las arcas de la nación, pues el régimen de Maduro ha sacado más de 8 toneladas de oro de las bóvedas del ente emisor y estas han sido exportadas a Turquía y Rusia desde marzo.
No obstante, economistas aseguran que esa medida de Estados Unidos sobre el BCV podría repercutir en la agresiva crisis económica del país al presionar al alza el precio del dólar en Venezuela, lo cual devaluaría más el bolívar y tendría un efecto rebote en la hiperinflación (actualmente de 2.300.000%) que ha destruido progresivamente toda la estructura económica, social, empresarial y comercial de la nación petrolera desde 2017.
Y el más reciente hito de esta compleja crisis, ya convertida en una anarquía social-política en Venezuela, es la entrada de la ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional el pasado 17 de abril. El régimen se ha valido de esa ayuda como un recurso político para alimentar su retórica de poder -jactándose de haberla traído al país gracias a la gestión del gobierno de Maduro- y usarla como estrategia diplomática con el propósito de bajar la presión internacional, según analistas.
Lo cierto es que, haya sido voluntaria o involuntariamente, Nicolás Maduro reconoció que el país sufre una crisis humanitaria luego de haberla negado desde 2017 y haber rechazado la de Estados Unidos bajo el argumento de que “Venezuela no necesita ayuda humanitaria”.
Ahora se contradijo y aceptó un beneficio que merma más su credibilidad y reconocimiento internacional, pues queda tácitamente demostrado que la tragedia social del país pudo haberse evitado o minimizado si Maduro hubiese aceptado la entrada de la Cruz Roja hace mucho tiempo. Y es que al detentar, aunque sea de facto, el monopolio del poder de gobierno, Maduro cometió el error político de aceptar una crisis que su administración causó por simple omisión.
Todo indica que el régimen parece demostrar un ápice de voluntad a ceder en ciertas posiciones, lo cual podría ser aprovechado por Guaidó como una estrategia a explotar llevando bajo presión a Maduro a un escenario de negociación en el que otorgue concesiones como la de esta ayuda humanitaria, pero en ese eventual caso, serían concesiones de poder y prerrogativas de salida, transición o un gobierno de coalición para destrabar la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela.
➨ Artículo escrito por Ricardo Serrano (@RS_Journalist), es estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, analista político y articulista habitual de Subversión en letras
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