Apagón en Venezuela: ¿señal de desenlace de la crisis? | Ricardo Serrano

Los días de caos, desorden y anarquía que vivió el país elevaron la tensión social a niveles muy peligrosos

El jueves 7 de marzo, Venezuela vivió un suceso que, en realidad, no fue un hecho aislado, sino que más bien representa la agudización del nuevo ciclo de tensiones de la crisis política del país, que aunque inició en 2014, escaló a un nuevo nivel a partir del 10 de enero de 2019.

Un apagón sacudió a la nación petrolera en 20 de 23 estados (incluyendo la capital, Caracas) a las 4:54 de la tarde del 7 de marzo, lo cual paralizó al país por 100 horas, es decir, cinco días (7, 8, 9, 10, 11 y parte del 12 de marzo). Todos los sistemas de distribución de agua, telecomunicaciones, bancarios, financieros, salud pública, educación, etc., se vieron afectados.

Sin embargo, el efecto cascada de este hecho repercutió con mayor fuerza en el sector comercial y empresarial del occidente del país, pues en el estado Zulia, específicamente en su capital Maracaibo, se registraron saqueos y enfrentamientos entre grupo irregulares de civiles armados y las fuerzas de seguridad del Estado, así como también focos de represión por parte de la Policía y la Guardia Nacional contra los ciudadanos involucrados en las estampidas de saqueos.

Según un reporte situacional de la Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras) Zulia, hubo saqueos en 22 supermercados, 30 establecimientos de comida y panaderías, 105 locales de 207 en el Centro Comercial Sambil Maracaibo, casi 300 locales de la avenida Delicias Norte (Maracaibo), las empresas Hielos El Toro, Upaca (productora de leche), Servipork (productora de pollo), Café Imperial, Pepsi, al menos 2 distribuidoras de alimentos y 20 farmacias.

Y además, de acuerdo con el diputado de la Asamblea Nacional Carlos Paparoni, se perdieron más de 26 mil toneladas (26 millones de kilogramos) de alimentos en todo el país a causa de la falta de refrigeración y los conatos de saqueos.

Una vez más se excusó el Gobierno de Nicolás Maduro, pues aludió el hecho a un presunto “sabotaje” al sistema eléctrico mediante un “hackeo” del gobierno de Estados Unidos.

En contraposición, el presidente del Parlamento y presidente interino de la República, Juan Guaidó, aseguró que es imposible que el apagón nacional haya sido causado por un ataque informático debido a que el sistema eléctrico de Venezuela posee mecanismos analógicos. 

Al menos esa es la opinión de Guaidó, quien es ingeniero industrial, así como de otros ingenieros eléctricos venezolanos que durante años han advertido de un colapso en la central hidroeléctrica El Guri, ubicada en Guayana, estado Bolívar (suroriente del país).

Y a pesar de que el ministro de Comunicación (aunque también de propaganda) del régimen de facto de Maduro, Jorge Rodríguez, informó que el presunto sabotaje eléctrico se debió a un ataque contra el cerebro de la planta El Guri en Bolívar y un posterior “ataque” al cerebro del sistema central nacional en Caracas, los hechos apuntan a que, según analistas, la implosión de la red eléctrica pública venezolana se debe a la falta de mantenimiento y desinversión por parte del Gobierno.

Durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez se aprobó un presupuesto de aproximadamente 11.000 millones de dólares que iban a ser destinados al Sistema Eléctrico Nacional, pero esos recursos nunca se vieron materializados en resultados tangibles, pues la crisis eléctrica de Venezuela comenzó en 2011 con un plan de racionamiento programado de cargas, el mismo año en que se aprobó ese dinero. 

Asimismo, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, había asegurado que en “100 días” resolvería el problema eléctrico del país. Tiempo después de ese anuncio, la crisis eléctrica comenzaba a campear en todo el territorio nacional.

De tal manera que, según los expertos, resulta cuestionable la tesis del Gobierno sobre un sabotaje eléctrico. 

Lo cierto es que los hechos suscitados durante el apagón nacional representan una realidad de implosión social que ya tomó su curso en una magnitud ascendente y que podría representar el caldo de cultivo para crear un ambiente de pseudo-guerra civil en el país, que a su vez fungiría como una condición política de carácter excepcional para que Estados Unidos decida tomar acciones de fuerza geopolítica-militar en el país.

En paralelo, el 13 de marzo, día en que prevaleció la tensión social en las calles venezolanas, la Embajada de Estados Unidos en Caracas alertó a los ciudadanos norteamericanos que abandonen el país lo antes posible. 

El apagón en Venezuela representó daños económicos cuantiosos. Según reportes, Empresas Polar perdió 18.600 millones de bolívares soberanos (6 millones de dólares) por los saqueos, la Federación de Ganaderos (Fedenaga) perdió 5 millones de litros de leche y 2 millones de kilos de carne por falta de refrigeración. Además, la firma financiera Ecoanalítica estimó las pérdidas diarias del país en unos 200 millones de dólares durante los casi cinco días del ‘blackout’.

El grave problema del sistema eléctrico venezolano viene gestándose desde la debacle de la antigua y próspera empresa Energía Eléctrica de Venezuela (Enelven), que luego fue nacionalizada por parte del gobierno de Chávez con la compra de acciones del índice bursátil Electricidad de Caracas y se creó la actual Corporación Eléctrica Socialista de Venezuela (Corpoelec).

La desinversión y la falta de mantenimiento durante nueve años minaron la sostenibilidad de la estructura hidroeléctrica venezolana. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro utiliza la reciente falla energética como un instrumento político discursivo en elemento añadido a su retórica beligerante contra el factor político de mayor peso en el país actualmente, Juan Guaidó en alianza con la plataforma diplomática-internacional que lo respalda con el fin de lograr una transición democrática para la nación. 

Los días de caos, desorden y anarquía que vivió el país elevaron la tensión social a niveles muy peligrosos, lo cual permite inferir que esa fuerza civil genera un clima de ingobernabilidad traducido en costos políticos demasiado altos como para que el régimen de Maduro logre retener el poder soportando a la vez el peso de la presión diplomática internacional, las sanciones financieras e individuales de Estados Unidos y el debilitamiento de la cadena de mando en los grupos militares monopólicos que blindan al presidente de facto.

➨ Artículo escrito por Ricardo Serrano (@RS_Journalist), es estudiante de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, analista político y articulista habitual de Subversión en letras.