Imagen: Diario Panorama
La tensión aumenta. Ambos bandos se radicalizan en posiciones diametralmente opuestas con fines absolutamente diferentes. La oposición y el chavismo toman la calle. Saben que es el escenario político más difícil de dominar dado que es allí donde se concentran las fuerzas de apoyo, tanto de las bases partidistas como de sus seguidores en la sociedad civil.
El pasado martes 4 de abril se empezó a gestar la estrategia de una oposición que busca en la masa social la fuerza que a lo interno no posee debido a sus fisuras, marcadas por los intereses faccionarios en pro de las candidaturas a unas eventuales primarias para las elecciones presidenciales de 2018.
Si bien la convocatoria de ese día generó repercusión mediática, los efectos tangibles se suscitaron dos días después, en la manifestación pautada para el jueves 6 de abril. Como es usual en cada concentración opositora, los principales accesos del área metropolitana de Caracas fueron bloqueados desde tempranas horas de la mañana por comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
La oposición planeaba inicialmente concentrarse en una autopista del distribuidor de Altamira, pero Henrique Capriles, gobernador de Miranda y uno de los principales bastiones de la oposición, instó a los manifestantes a dirigir la masiva movilización hacia la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en el casco histórico de la ciudad capital.
El aparato represor del Estado se activó cuando los militares estacionaron tanquetas antimotines con las cuales formaron una barrera para bloquear el paso de la autopista, que cuenta con ocho canales de circulación. A partir de ese momento lanzaron bombas lacrimógenas y chorros de agua para dispersar a la enardecida multitud.
Los manifestantes no se retrajeron y respondieron con piedras y devoluciones a los explosivos con gas. Con ellos estaban varios diputados opositores de la Asamblea Nacional. De hecho, Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, defendió a un joven protestante de ser apresado por funcionarios de la GNB.
El desvío de la marcha generó un enfrentamiento, en el centro de la autopista Francisco Fajardo, entre manifestantes y funcionarios de la Policía Nacional, quienes alineados en un piquete y con sus escudos en las manos lanzaban perdigones y bombas lacrimógenas a los subversivos.
En una cadena nacional de radio y televisión, transmitida en la noche, el presidente Maduro informó que por esos disturbios fueron detenidas unas 30 personas tras las manifestaciones en las que, según el mandatario, la oposición apenas conglomeró a 1 000 seguidores, mientras que el oficialismo reunió a 80 mil.
Juego de poder y presión
Las exigencias del 80% de la población que adversa a Maduro claman un llamado urgente a elecciones. Los escenarios son múltiples en el país, pero cerrados. El Gobierno no asume el riesgo de perder el poder a unas alturas donde lo ha ostentado por 16 años, por lo cual prevé sustentar su dominio político y jugarse todas las cartas que le quedan.
En la anomia política que vive Venezuela se observan dos escenarios contrapuestos. Por un lado hay un gobierno que se radicaliza y amenaza con arreciar su fuerza coactiva y parainstitucional a fin de minimizar a la oposición y dejar a la población que lo adversa sin otra opción que mantenerse en las calles y realizar manifestaciones disuadidas por los cuerpos de seguridad.
Por otro lado se encuentra una oposición que institucionalmente no existe y no tiene instancia a la que acudir para impulsar su transición electoral (presión al Consejo Nacional Electoral para ir a comicios) y su reestructuración del Poder Judicial, que le cerró la última vía, precisamente electoral, que le quedaba para desbancar a Maduro de la presidencia: el revocatorio, cuyo proceso fue suspendido por tres tribunales penales en razón de presuntos delitos de fraude en la recolección de las firmas que activarían la convocatoria.
En Venezuela, el Estado se unificó en un solo poder (Ejecutivo) con tres brazos políticos subordinados (TSJ, CNE y el Poder Ciudadano, integrado por la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría) que actúan concatenadamente al dictar medidas que dejan a la oposición sin margen de maniobra y sin más capacidad de reacción que protestar desde el discurso y la denuncia hasta la calle.
Es ese aislamiento en el que el Gobierno pretende sumir a la oposición, que ha encontrado en él una táctica cuyos efectos pueden rebotar directamente en las facciones internas que al oficialismo más le conviene mantener intactas; el estamento militar.
Al llevar la tensión política a la calle, dado que la arena electoral aún no se establece debido al hermetismo del CNE, la oposición busca caldear los ánimos en el descontento social hasta un nivel tan alto que eso obligue al Gobierno a arreciar tanto su aparato represivo como para tomar la decisión de militarizar las zonas de protestas con la presencia del Ejército.
La agenda opositora se basa en las acciones de calle. Bajo esa premisa está marcada la pauta de las factibilidades latentes en los próximos meses de la crisis política del país. Hacer tanto uso de la fuerza pública podría evidenciar a Maduro como un opresor y eso lo llevaría a girar órdenes de preservar el control civil con el brazo armado del Estado.
Si las calles propician un caldo de cultivo para una implosión social, las facciones no radicales y descontentas de las Fuerzas Armadas no querrán asumir el costo de ensuciarse las manos y participar en un estado de conmoción civil propio de un nuevo Caracazo.
“Si no hubiera dado la orden de sacar a la Policía a la calle, Caracas se hubiera manchado de sangre”, dijo Nicolás Maduro durante su alocución unas horas después de los disturbios del 6 de abril. El presidente connotó que la fuerza que reprimió a los civiles ese día fue desplegada bajo su decisión.
Por tal motivo resulta evidente inferir que en un eventual escenario de confrontación continua tras el fallo judicial antidemocrático del TSJ, la parcialidad del Consejo Moral Republicano sobre ello, la intransigencia del CNE sobre las elecciones regionales y la inhabilitación política por 15 años a Capriles, que hace resurgir la persecución política, el Gobierno estimaría como primera opción una escalada de tensiones con la cual buscaría desgastar a la oposición para prolongar su estadía en el poder hasta las elecciones presidenciales de 2018 y el fin del período constitucional de Maduro el 10 de enero de 2019, a esperas de una inflexión del CNE para que ceda logísticamente en pro de permitir que los candidatos se postulen y el aparataje electoral sea desplegado oportunamente sin concordancia con los tiempos del oficialismo.
Acorralamiento
Tras la sanción de la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades administrativas en presupuestos, créditos y donaciones durante su gestión en la Gobernación de Miranda entre 2010 y 2013, Henrique Capriles advierte que habrá más inhabilitaciones y detenciones políticas contra dirigentes opositores por parte del Gobierno.
Dada su reciente jugada de instar al TSJ a emitir un fallo inconstitucional sustentado en una falacia jurídica para anular a la Asamblea Nacional, el Gobierno recurre ahora a la Contraloría General y, posiblemente, influya en el Ministerio Público, si la fiscal Luisa Ortega Díaz cede, para que se emitan órdenes de detención contra líderes a los que el mismo Maduro ha amenazado con aplicarles retaliaciones, como a Freddy Guevara, Henry Ramos Allup, Juan Requesens y David Smolansky.
Ricardo Serrano | @RS_Journalist
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