La Organización de Estados Americanos (OEA) cobra cada vez mayor protagonismo en la postura de la comunidad internacional sobre la crisis de Venezuela. No hay dudas de que lo que se gesta en el seno del Sistema Interamericano es un notorio reequilibrio de fuerzas entre la derecha y la izquierda continental, representado en la atención global puesta en la anomia venezolana.
Se evidencia un esfuerzo mancomunado entre los países con sistemas políticos diferentes a los alineados en el denominado ‘socialismo del siglo XXI’, háblese de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Cuba, que no forma parte de la OEA.
Los 20 Estados que votaron a favor de discutir la crisis política, económica e institucional que atraviesa Venezuela arrecian su línea diplomática y concentran su capital político en presionar a Luis Almagro, secretario general, de iniciar las gestiones diplomáticas que contempla la Carta Democrática Interamericana, las cuales de fallar, conllevarían a un votación en la Asamblea General para decidir si se expulsa o no al país de la organización.
Para el martes 3 de abril estaba prevista una reunión del Consejo Permanente, pero esta fue suspendida a primeras horas de la mañana. Sin embargo, la mayoría de 20 países convocó a una sesión extraordinaria, en la tarde, en función de su denuncia de un golpe de Estado perpetrado por el Gobierno de Maduro mediante el Tribunal Supremo de Justicia al haber emitido dos sentencias que dejaban sin competencias a la Asamblea Nacional, las cuales fueron suprimidas al día siguiente con dos sentencias más.
La discusión se tornó intensa cuando Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la OEA, asumió la retórica radical de la delegación e increpó los argumentos de la canciller de Argentina, Susana Malcorra, en la lectura del comunicado oficial con el que el Mercosur anunció la aplicación de su Cláusula Democrática sobre Venezuela.
La delegación criolla reclamaba su derecho a defenderse y desconocía la presidencia protémpore de la OEA, detentada por Honduras, al denunciar que le corresponde a Bolivia.Tanto ese país como Nicaragua mostraban su apoyo a Venezuela, ambos subvencionados por Petrocaribe.
A medida que los discursos de las demás delegaciones instaban al Gobierno a restaurar el orden democrático, Venezuela las rechazaba y desviaba sus puntos de orden en la repetitiva declaración de que esa sesión era ilegal por no contar con el consentimiento del país para someter a discusión su situación política interna.
La estrategia de Venezuela y Bolivia en esa sesión se basó en demorar la discusión mediante la solicitud de anulación de los efectos generados por esta. Aún así, países como Chile, Argentina y Colombia no se desviaron de su táctica diplomática y mantuvieron la misma línea de presionar al presidente y al resto de los miembros para obligar al Consejo a deliberar una resolución que conlleve a un consenso definitivo en aras de abrir una sesión ordinaria para discutir la activación de la Carta Democrática.
El escenario se tensionó progresivamente con un cruce de palabras entre el embajador de Argentina y el de Venezuela. Lo mismo sucedió con el embajador de Colombia. Chile convulsionó los ánimos cuando su representante le recordó a Venezuela que fue uno de los 35 Estados que firmó y suscribió las normas de la OEA, tanto en su carta fundacional como en la Carta Democrática, por lo cual lo instó a que está obligado a cumplirlas. En ese momento era el miembro que lideraba la presión y la influencia colectiva.
Venezuela se vio aislada y su delegación decidió levantarse y retirarse de la sesión. El embajador Moncada se rehusó a escuchar más propuestas que lo obligaran a ceder en algún aspecto si se percataba de que su denuncia de ilegalidad de la sesión ya no tenía efecto ni peso argumentativo.
La sesión culminó con la aprobación de una resolución en la que, de los tres puntos acordados, el más resaltante exhorta a Venezuela a aceptar la implementación de los mecanismos de la OEA, es decir, gestiones diplomáticas de acompañamiento y el envío de una misión diplomática de la organización al país para mediar y negociar con el Gobierno una posible reestructuración institucional. Un escenario en el cual Maduro se muestra reticente y renuente a incursar, dado que eso le implicaría aceptar una distorsión alta en sus niveles de gobernabilidad.
Ricardo Serrano | @RS_Journalist
Ricardo Serrano | @RS_Journalist
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