La comunidad rohingyá en Birmania sufre las tropelías del Ejército, según la ONU | Foto: Christophe Archambault (AFP-Getty Images)
No es la primera vez que levanto mi voz para deplorar la hostil actitud del Gobierno birmano y su ejército contra la comunidad musulmana rohingyá que, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 120.000 personas viven en refugios temporales para desplazados internos en el estado oeste de Rajine y 70.000 personas, miembros de esta comunidad, han huido a Bangladesh.
Naciones Unidas ha instado en reiteradas ocasiones, en voz de su enviado especial a la zona, Kofi Annan, a cerrar los campos de refugiados al tiempo que ha pedido que se les permita a los rohingyá volver a sus hogares. Sin embargo, al régimen birmano no le parece importar los constantes llamados hechos por distintas organizaciones. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), 92.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas desde que la crisis estalló y no han encontrado auxilio.
Organizaciones que velan por los Derechos Humanos, así como instituciones de la ONU, han denunciado los crímenes que el Ejército birmano comete contra esta minoría musulmana, pues en sus últimos informes Naciones Unidas ha asegurado que en el estado de Rajine se puede estar llevando a cabo una “limpieza étnica”, no obstante, China y Rusia bloquearon la semana pasada una declaración del Consejo de Seguridad en donde se insta a Birmania a “permitir la ayuda humanitaria en Rajine” y a la vez muestra su preocupación por la reanudación de los combates en la zona.
El diario español EL MUNDO, en corresponsalía de Mónica G. Prieto, realizó un reportaje impecable titulado “La violación, arma de guerra birmana contra los rohingyá” en cuyo trabajo periodístico recogen testimonios de mujeres que aseguran haber sido violadas por militares del Ejército birmano y haber sufrido maltratos brutales de estos funcionarios. Además, informa que el 43% de las mujeres entrevistadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos aseguraron que fueron violadas.
Ante todos estos horrores, el consejero especial de Naciones Unidas para la Prevención de Genocidios, Adama Dieng, ha dicho que “Birmania y la comunidad internacional faltan a su responsabilidad de proteger a los roghingyá”, igualmente ha informado que “Se están denunciando violaciones en grupo, ejecuciones sumarias, asesinatos de niños y bebés, palizas brutales y otros crímenes”.
Estas denuncias deben ser atendidas de manera inmediata por las organizaciones internacionales y el Consejo de Seguridad de la ONU debe presionar para que el régimen de Birmania, del cual forma parte la premio Nobel de la Paz, Aung San SuuKyi, responda ante las denuncias y permita que una delegación internacional entre a la zona y acceda la ayuda humanitaria.
El silencio no puede continuar siendo cómplice de una de las crisis más largas y olvidadas del mundo. Es momento de dejar los dobles discursos y abocarnos todos en darles una respuesta verdadera a ciudadanos del mundo que sufren y que muchos intentan acallar. La censura no podrá esconder la crisis ni mucho menos resolverla.
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