La crisis venezolana se ha extendido y corrompido cada área de la vida institucional, democrática, política, social y económica
Desde el día en que cinco tribunales penales regionales decidieron anular los efectos de la recolección del 1% de las firmas que conllevarían a la recaudación del 20% del registro electoral para activar el Referendo Revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se inició una nueva fase en la crisis política venezolana. Una fase terminal, en la que la medición de fuerzas ya no es el mero escenario democrático (votos), institucional (Asamblea y Ejecutivo) y electoral (Revocatorio).
Tras el anuncio de la Asamblea Nacional de declarar la ruptura del orden constitucional del país, se llegó a un punto de quiebre en Venezuela, en el cual las fuerzas políticas serán medidas por la sociedad civil, quien busca una transición. Ahora pues, el haber dictaminado una sentencia que suspende un proceso político (Revocatorio) por fallar a favor de una demanda debido a un presunto fraude mediante vía de acción penal y no electoral, constituye una aberración jurídica que se basó en juzgar como delito penal un supuesto delito electoral no comprobado ni investigado bajo el debido proceso judicial.
La suspensión del proceso para llegar a un Referendo Revocatorio presidencial demuestra que el Estado venezolano, a través del Ejecutivo, y haciendo uso de sus facultades político-administrativas, ha incidido selectivamente en el accionar del Poder Judicial y Electoral para bloquear jurídica y electoralmente un acto político legítimo, lo cual deja en claro que coartó un derecho político y constitucional (artículo 72).
Ese escenario deja sin más opciones a una oposición que intentó por todas los mecanismos constitucionales posibles gestar la transición que tanto ha buscado (renuncia, enmienda y Revocatorio). Pero aún le quedan algunas cartas por jugar, que podrían ser poco viables debido al alto costo político que tienen.
Como coalición, la oposición se plantea tres escenarios de presión política, uno de ellos en los cuales pretende atinar primero, de allí se aferrará para jugar a ver qué puede pasar una vez que se haya consumado ese recurso: 1. El escenario institucional (Asamblea Nacional). 2. El escenario social (la calle). 3. El escenario internacional (la OEA y el Vaticano).
La oposición apelará a introducir una demanda por los delitos de persecución y de lesa humanidad contra las rectoras del CNE y los magistrados del TSJ ante la Corte Penal Internacional (CPI). El detalle radica en que ese tribunal solo juzga crímenes agravados bajo los delitos de crímenes de guerra, genocidio, exterminio, etc., y aparentemente, ninguno de los poderes a los que pretende demandar la oposición, ha incurrido en alguno de ellos, solo en delitos políticos de menor magnitud que los que la CPI puede juzgar de acuerdo a su jurisprudencia. Por lo tanto, esta acción legal no podría prosperar. ¿Sería un juicio político a Maduro la solución? Sí, pero solo si en la Constitución actual existiera la figura del impeachment, para juzgar un acto político e imponer una sentencia política. En vista de que no existe, sería constitucional y jurídicamente improcedente.
Ante ese primer descarte, solo restan las cartas de la calle y la de la comunidad internacional. Como organización política, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podría recurrir a la distribución de focos de presión social sobre la red institucional del Estado en Caracas para propiciar alguna concesión por parte del Poder Ejecutivo, el Electoral, el Judicial y el Ciudadano, pero esa jugada tiene el costo político y humano de la represión y coacción selectiva de Estado para resquebrajar el orden civil instaurado. Esto no dejaría bien parada a la MUD porque la haría ver como un cazador que sacrificó a su carnada sin lograr atrapar a la presa.
El concierto internacional sería entonces la última carta que tendría para llegar a un escenario que le conviene siempre y cuando se juegue de su lado del campo: el diálogo. La aceptación por parte del gobierno y oposición de iniciar un diálogo el 30 de octubre en Margarita por mediación de la Iglesia católica, como catalizador de las tensiones políticas con el fin de menguarlas, demuestra que no les quedaba a ambos otra opción más que hacer lo que por meses se intentó obtener pero fracasó en un intento fallido de negociación desbalanceada de Zapatero.
Entonces, con el revocatorio suspendido, ¿ahora hay una verdadera voluntad de diálogo? Las tensiones son tantas, que debe haber una 'válvula' de escape. El problema es que ninguna de las partes accedió a un diálogo cuando la ruptura del status quo democrático no se había producido. Justo en el momento en que se da, es cuando la oposición acepta dialogar en vista de que no sabe si el revocatorio será posible y el gobierno lo acepta después de que decidió desconocer y disolver de facto la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones?
La voluntad política debe pasar por una retórica de verdadero cambio. Si ninguna de las dos partes cede posiciones, no habrá consenso. Aún así, ¿pretende la oposición que el gobierno ceda perspectivas y dé concesiones en un diálogo para generar una transición sin él? Esta es la perfecta analogía de una cuerda muy tensa que nadie quiere soltar. Ante esa situación, es menester argumentar que, en el actual momento de crispación política y Estado fallido que hay, se avizoran cuatro escenarios posibles en Venezuela: 1. Un estallido social. 2. Una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 3. Un diálogo político. 4. Una Junta Civil de Gobierno para una administración de unidad nacional en transición.
Si falla el diálogo, no podría haber un muy improbable gobierno de unidad nacional. Aunque podría considerarse la posibilidad de una Constituyente en caso de que las negociaciones no aporten soluciones. El problema está en que la crisis económica aumenta de manera tan rampante, que la urgencia de acción política para un ajuste estructural macroeconómico se torna inmediata. En pocas palabras, el hambre no espera. Por ese motivo es que la Constituyente sería una dilación a la crisis. ¿Qué queda entonces? Mientras la lucha por el poder se tensa, parece que solo el soberano decidirá mediante el artículo 350 de la Constitución. ¿Sería ese un escenario de implosión social? Todo dependerá de los niveles de ingobernabilidad y descontento que haya en la calle, los cuales ya son exorbitantes.
Venezuela vive la etapa más difícil de su historia republicana. Y en medio de la incertidumbre que prima en el ambiente del país, lo único cierto es que todo ciclo llega a un término inminente, sea forzado o natural. Pareciera que el inicio del fin del actual ciclo político en nuestro país se acerca. No lo expresan estos articulistas, lo expresa el clamor de un pueblo que exige un cambio del orden político, económico y social a como dé lugar para cambiar a un gobierno que ha evolucionado a una neodictadura de facto, debido al carácter totalitario y autocrático de sus últimas acciones, tales como: gobernar vía decreto de Estado de excepción, aprobar el presupuesto nacional por omisión legislativa y anular jurídicamente todos los actos de la Asamblea Nacional. Juzgue usted, querido lector.
Crisis económica y social
Es necesario que los políticos venezolanos entiendan que mientras en un hemiciclo de sesiones o en un palacio presidencial se discuten futuros políticos y acciones concretas para el presente, en las calles de Venezuela el clima económico y social es a diario más dramático, a tal punto que los ciudadanos sienten que los tiempos que ellos esperan para un cambio de rumbo en el país no son los mismos que tienen pensando los dirigentes del oficialismo y oposición.
La crisis venezolana ha sobrepasado cualquier expectativa en el ámbito nacional e internacional; si hablamos localmente, la sociedad observa con un peculiar agobio cómo sus ingresos cada día se vuelven “sal y agua” y no tienen la capacidad (ni a corto ni largo plazo) de poder superarse, pues las condiciones de vida se deterioran a pasos agigantados y la crisis que llevan en su espalda aumenta de peso mientras la diatriba política parece un mal de nunca acabar.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, aseguró en la reunión que sostuvo con el enviado papal que su visita podría significar una especie de “bálsamo” para todos los venezolanos, ahora, la pregunta se centra en lo siguiente: ¿podrá Monseñor Emir Paul Tscherrig coadyuvar a que mediante con un diálogo político de altura la crisis económica comience a tomar una nueva fase de reestructuración? Esto lo planteamos ante la falta de medidas coherentes de parte del régimen bolivariano para aliviar la gravosa situación en la que se encuentra sumergida la nación suramericana.
Es elemental comprender que cuando la situación económica y política se junta, la mayoría de las veces, para solucionar la primera es menester atender la segunda. Los cambios económicos que usted quiere ver en Venezuela están por la reformación del Estado y de las políticas económicas de fracaso que se han implementando desde hace 17 años con una constante irreflexión y capacidad de leer la situación-país que venía agravándose por la manipulación del sistema y la contaminación de las instituciones de corrupción, aunado esto con el populismo que se instauró en el poder desde la llegada a la presidencia de Hugo Chávez.
La crisis económica puede hacer estallar los caldeados ánimos de la civil sociedad venezolana que prefiere una discusión de iguales antes que una guerra fratricida, pero en tiempos de golpe de Estado y ruptura del hilo constitucional, es impredecible qué pueda ocurrir cuando los ciudadanos terminen por desbordar a los políticos y alzarse por un cambio rotundo que niega el gobierno. La crisis venezolana es atroz y es urgente que se le oxigene recurriendo a unas elecciones generales anticipadas o, en su consecuencia, la realización del Referéndum Revocatorio contra el debilitado régimen de Nicolás Maduro que la comunidad internacional comienza a calificar de “gobierno sin legitimidad de origen”.
Un paso categórico para la superación de la crisis es que cada bando enfrentado presente al país sus condiciones, en caso de un diálogo, y cuando nos referimos a “condiciones” lo hacemos de manera entendible: qué quiere cada uno para sentarse a dialogar. La pregunta siguiente, y la más engorrosa, es ¿están dispuestos a ceder desde el oficialismo y la oposición? No se puede ver al diálogo como una especie de “claudicación” ante el otro ya que hay países que luego de guerras incorregibles deciden sentarse a conversar con el enemigo y/o adversario para llegar a un punto de encuentro en el cual cada uno pueda proponer sus ideas de resolución.
En la Polonia comunista, el régimen y la oposición decidieron abrir mesas de diálogos -conocidas más tarde como los Acuerdos de la mesa redonda-, y entablar conversaciones de transición política con duros argumentos de cada parte pero con honestidad y sinceridad ante la opinión pública que también desconfiaba de los sacrificios. En Venezuela, para superar la crisis y solucionar las ramas de la misma hay que elevar el debate político al respeto, a los valores, a la inteligencia y compromiso, no podemos asesinarnos para luego intentar dialogar para superar las diferencias. Venezuela es más grande que los conflictos y nosotros los venezolanos somos capaces de mejorar todo lo que hoy tenemos, sin sumisión, sin claudicación y sin mentiras.
Ricardo Serrano / @RS_Journalist.
Carlos Guerrero / @SrVenezolano.
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