La
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece nuestra nación
como una república federal, descentralizada, establecida en una sociedad
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un
Estado de Justicia que consolide los valores de la libertad, la independencia,
la paz, la solidaridad, el bien común, la integración territorial, la
convivencia y el imperio de la ley para estas y futuras generaciones; asegure
el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia
social y a la igualdad sin discriminación. Además, establece derechos
irrenunciables como la libertad, la independencia y la soberanía,
constituyéndose en un estado democrático y social de derecho y de justicia.
Si tomamos como referencia el contexto que nos plantea la cita constitucional anterior, resulta evidente que, los antivalores impuestos por una cúpula ineficiente y corrupta que se autodenomina gobierno revolucionario, son contrarios a los valores y principios que deberían caracterizar a la sociedad venezolana en su conjunto.
Derechos humanos, democráticos, políticos, económicos y sociales son abiertamente violados, dejando a un lado el imperio de la ley. Qué decir de la descentralización, cuya aplicación es nula, traduciéndose la práctica en despilfarro concentrado en Miraflores. Así mismo, si hablamos del derecho a la vida, pasan por nuestras mentes los cientos de venezolanos que mueren semanalmente en manos del hampa, los miles de ciudadanos que han perdido la vida por la escasez de medicamentos y el desbastador aumento del hambre; ¿Cuál respeto a la vida, a la educación y a la justicia? Lo que nos sugiere en realidad todo este análisis, es que contrario al imperio de la ley que plantea nuestra constitución, lo que se impone es el imperio del hampa y la corrupción.
Las últimas decisiones emanadas desde Miraflores, tales como el reciente decreto N° 2667, mediante el cual se adjudicaron atribuciones extraordinarias al ministro de la Defensa, a quien por instrucciones del primer mandatario deberán subordinarse todos los ministros, además de adjudicarle la responsabilidad de garantizar el abastecimiento a nivel nacional a través de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, nos sugiere la certeza de que se estaría gestando una suerte de abolición de la República, a través del traspaso inconstitucional de las atribuciones que son intransferibles y propias del presidente de la República al ministro de la Defensa con lo cual se estaría traspasando el fracaso gerencial del país en los ámbitos político, económico y social y se estaría transfiriendo la responsabilidad y consecuencias del mismo a la institución militar.
Entregar el poder a los efectivos militares solo ratifica porqué Nicolás Maduro es considerado como un Dictadorzuelo. El sector económico, petrolero, social, político, gobernaciones y alcaldías con policías intervenidas y medios de comunicación ya se encuentran en un preocupante control militar. Nuestras tropas, quienes en condiciones precarias, aún tienen la visión de defender la soberanía de la nación, son eso, tropas, y los militares a sus cuarteles. El ciudadano, en su carácter democrático y soberano es quien debe dirigir las riendas de nuestro país. Por las malas, hemos aprendido lo negativo de un militar en el poder, desde Marco Pérez Jiménez hasta Hugo Chávez, tenemos referencia del autoritarismo y represivo poder que ejercen estos efectivos desde los gobiernos.
La libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y cívicos son irrenunciables, la sociedad civil venezolana debe ser la encargada de dirigir el proceso de cambio y progreso que amerita Venezuela, lejos de golpes de Estado, o autogolpes impulsados desde el chavismo, nuestra visión democrática debe estar siempre fija en revocar por la vía constitucional y pacífica a quienes convirtieron nuestra tierra en hambre y miseria. Dialogo es respeto a la voluntad soberana y constitucional de revocar. Nuestros derechos no son, ni serán nunca negociables.
Si tomamos como referencia el contexto que nos plantea la cita constitucional anterior, resulta evidente que, los antivalores impuestos por una cúpula ineficiente y corrupta que se autodenomina gobierno revolucionario, son contrarios a los valores y principios que deberían caracterizar a la sociedad venezolana en su conjunto.
Derechos humanos, democráticos, políticos, económicos y sociales son abiertamente violados, dejando a un lado el imperio de la ley. Qué decir de la descentralización, cuya aplicación es nula, traduciéndose la práctica en despilfarro concentrado en Miraflores. Así mismo, si hablamos del derecho a la vida, pasan por nuestras mentes los cientos de venezolanos que mueren semanalmente en manos del hampa, los miles de ciudadanos que han perdido la vida por la escasez de medicamentos y el desbastador aumento del hambre; ¿Cuál respeto a la vida, a la educación y a la justicia? Lo que nos sugiere en realidad todo este análisis, es que contrario al imperio de la ley que plantea nuestra constitución, lo que se impone es el imperio del hampa y la corrupción.
Las últimas decisiones emanadas desde Miraflores, tales como el reciente decreto N° 2667, mediante el cual se adjudicaron atribuciones extraordinarias al ministro de la Defensa, a quien por instrucciones del primer mandatario deberán subordinarse todos los ministros, además de adjudicarle la responsabilidad de garantizar el abastecimiento a nivel nacional a través de la Gran Misión Abastecimiento Seguro, nos sugiere la certeza de que se estaría gestando una suerte de abolición de la República, a través del traspaso inconstitucional de las atribuciones que son intransferibles y propias del presidente de la República al ministro de la Defensa con lo cual se estaría traspasando el fracaso gerencial del país en los ámbitos político, económico y social y se estaría transfiriendo la responsabilidad y consecuencias del mismo a la institución militar.
Entregar el poder a los efectivos militares solo ratifica porqué Nicolás Maduro es considerado como un Dictadorzuelo. El sector económico, petrolero, social, político, gobernaciones y alcaldías con policías intervenidas y medios de comunicación ya se encuentran en un preocupante control militar. Nuestras tropas, quienes en condiciones precarias, aún tienen la visión de defender la soberanía de la nación, son eso, tropas, y los militares a sus cuarteles. El ciudadano, en su carácter democrático y soberano es quien debe dirigir las riendas de nuestro país. Por las malas, hemos aprendido lo negativo de un militar en el poder, desde Marco Pérez Jiménez hasta Hugo Chávez, tenemos referencia del autoritarismo y represivo poder que ejercen estos efectivos desde los gobiernos.
La libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos y cívicos son irrenunciables, la sociedad civil venezolana debe ser la encargada de dirigir el proceso de cambio y progreso que amerita Venezuela, lejos de golpes de Estado, o autogolpes impulsados desde el chavismo, nuestra visión democrática debe estar siempre fija en revocar por la vía constitucional y pacífica a quienes convirtieron nuestra tierra en hambre y miseria. Dialogo es respeto a la voluntad soberana y constitucional de revocar. Nuestros derechos no son, ni serán nunca negociables.
Orlando Chacón / @OrlandoChacon_.
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