Los CLAP: ¿más control estatal o monopolio comunal?

 

Recientemente, Venezuela ha visto cómo cada día se deteriora más debido a la errónea aplicación de políticas económicas que se han basado en altos subsidios y controles de precios que generan pérdidas en el margen de ganancia con relación a la estructura de costos y gastos de cada productor del país que envía sus mercancías a los centros de distribución que el Gobierno, a través de la Superintendencia de Precios Justos, controla, fiscaliza y regula.

Ahora pues, el Estado venezolano y el gobierno de Maduro aducen la contracción en la producción y las distorsiones en la oferta y la distribución de alimentos a una supuesta guerra económica que, si se analiza cuidadosamente, se podría decir que sí existe. Sí, así como lo estás leyendo, pero no porque quien escribe estas líneas le esté dando la razón al ineficiente gobierno venezolano, sino porque el contrabando (bachaqueo), el acaparamiento, la especulación y la reventa de dólares preferenciales por importadores para tener mayor margen de ganancia, son consecuencias y problemas que el mismo Gobierno creó a base de su equívoco modelo de estatización intervencionista total de la economía venezolana. Por lo tanto, podría decirse que si la guerra económica existe, es porque el mismo gobierno de Maduro la creó, ya sea consciente o inconscientemente, pero el asunto es que hoy en día se ve como una realidad palpable.

Con el objetivo de tratar de hacer más “eficiente” la distribución de alimentos, el régimen venezolano ideó una medida que se basa en crear grupos comunitarios (comunas) de cada Consejo Comunal del PSUV para tomar posesión de cargamentos de comida que lleguen a los mercados y así distribuirlos en bolsas a un determinado precio (regulado) en cada casa de cada comunidad y de cada ciudad y estado del país.

Si bien esta estrategia del Gobierno, con la cual asegura que se acabará el bachaqueo, representa la oportunidad para familias de bajos ingresos de poder adquirir empaques relativamente grandes de alimentos a precios accesibles, no es más que una radical medida de control del Estado sobre la distribución, más fuerte ahora, de carácter político, con el fin de llegar a un segmento de la población que depende de la política de subsidios que el régimen ha impulsado para así mantener a raya y con cierto respaldo, si es que aún queda, a un Gobierno que necesita seguir subsidiando la producción y distribución alimentaria para mantener su base apoyo radical socio-política en los senos de sus estamentos duros y fanáticos chavistas del PSUV.

Con la política de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) se hace curiosamente evidente, si es que aún no se ha dado cuenta Maduro, que al controlar la distribución de alimentos con el pretexto de erradicar el bachaqueo, él mismo está admitiendo y reconociendo tácitamente que sí existe una distorsión estructural en la economía que ha generado contrabando por el inviable modelo de los altos subsidios en un sistema económico altamente rentista, monoproductor, dependiente y con un déficit fiscal de más de 80 mil millones de dólares.

Entonces, la única conjetura positiva que puede extraerse de esta estrategia política paternalista, populista y clientelista, es que solamente le regularidad y constancia en su aplicación garantizará un abastecimiento provisional a medias para la población venezolana, que cada día se vuelve más dependiente de los subsidios, lo cual no es viable ni productivo porque incentiva la reventa ilícita y la inamovilidad laboral. Aún así, esta política podría mantenerse mientras llega, si es que algún día se da, una reforma fiscal productiva y económica estructural para Venezuela, solo si el Gobierno demuestra la voluntad política de jugar esa carta, aunque eso aparente ser un escenario muy utópico y con un cálculo político muy riesgoso.

 

Ricardo Serrano / @RS_Journalist.