Al hablar de Francia, más de uno podría imaginarse o conceptualizar la idea de que se trata de un país con un alto nivel de desarrollo, lo cual es innegable porque ha sido y es una realidad muy notoria en una de las potencias del mundo, pero como no todo en la vida es color de rosa, Francia no es la excepción a la regla. Si bien se trata de un país con un Producto Interno Bruto (PIB) de François Hollande. Un mercado de trabajo que si bien es amplio, genera muchas desigualdades debido a la heterogeneidad de las remuneraciones salariales muy disparejas entre empleos que tienen un grado de productividad relativamente similar, llámese formal o informal.
Al día de hoy, Francia se encuentra paralizada y anarquizada por un movimiento sindical masivo que ha cobrado fuerza en los últimos meses en protesta y rechazo total a una reforma laboral impulsada autoritariamente por el presunto socialista presidente Hollande, pasando por encima del Parlamento al no haber sometido ese proyecto de ley a discusión y análisis legislativo para su posterior sanción o negación, lo cual parece contrariar un principio fundamental del constitucionalismo republicano y democrático que se fundó precisamente en la era de la Ilustración y la Revolución Francesa.
Francia se ubica en la posición número 12 en el top 15 de los países seleccionados por la OCDE en relación a sus tasas de desempleo con un promedio de 10,4% en 2015. Esa reforma que trata de impulsar el presidente es un mecanismo permisivo del Gobierno en favor de las empresas del Estado para aumentar la capacidad de despidos en el sector público, lo cual ha generado el descontento de grupos sindicales que reclaman sus reivindicaciones salariales y una fijación laboral para la protección de sus puestos de trabajo, política que le sale cara al Gobierno porque eso implica el pago de recursos públicos en un paquete muy grande de prestaciones sociales y aumentos salariales que el Estado no está dispuesto a otorgar por ahora debido a los planes de inversión privada extranjera directa que podría tener en mente Hollande con la Unión Europea y EE.UU. para así darle un giro importante al modelo económico de estatización que ha instaurado y liberalizar la economía hacia una apertura a los mercados de capital. Esos mercados han hecho que Francia sea un país en el que es más viable trabajar sobre la rentabilidad del capital directo que sobre el empleo público. Por ello hay tantas regulaciones sobre un mercado laboral que al Gobierno le conviene mantener a raya para evitar dilapidar mucho gasto público en los sindicatos y orientarlo ligeramente hacia otros proyectos económicos que generen empleos a largo plazo sin demasiada presión sindical.
Ahora pues, ¿cuál es la solución a esta demanda social colectiva que presiona a un Gobierno que debe tomar cartas en el asunto antes de que ocurra una paralización total del sistema de la administración pública? Muchos economistas hablan de una “desregulación del mercado de trabajo que crearía más empleo, pero también aumentaría la desigualdad”, según el portal Infobae. Para evitar esa exacerbación del problema, debe iniciarse un proceso de apertura de mesas de negociación entre Gobierno y sindicatos para, precisamente, negociar una flexibilización de la reforma con la estipulación de un límite anual de despidos adaptado a las necesidades socio-económicas de los trabajadores, así como la aprobación de una resolución que esté a favor de crear contratos colectivos que propongan aumentos salariales progresivos con fondos excedentarios presupuestales del 2015 y fondos provenientes de la recaudación fiscal impositiva directa con el objetivo de abrir un fondo de compensación laboral pública.
Aun así me pegunto: si el modelo de gobierno de Hollande es socialista, ¿por qué autoritariamente se aprueba una reforma que soslaya los derechos laborales cuando la premisa social, política y hasta filosófica del socialismo es la justicia e igualdad social? Juzguen ustedes, queridos lectores.
Ricardo Serrano / @RS_Journalist.
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