Desde que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sentó a las FARC-EP en la mesa de negociación en La Habana, una ola de críticas y opiniones comenzaron a surgir en la vecina Colombia. Por un lado están los que apoyan a toda cuesta a la paz, el fin de la guerra contra el grupo terrorista de las FARC-EP, con quien los sucesivos gobiernos llevan 52 años de una dolorosa guerra, y por otro lado los que han criticado con dureza el “propagandístico plan de paz”.
La Oposición colombiana, liderada por el uribista Centro Democrático, ha acusado a Santos de ser “complaciente” con los terroristas, pues estos argumentan que el gobierno no busca sancionar con cárcel a los responsables de asesinatos masivos, así como secuestros por todo el país. La trinchera de Santos se defiende y acusa a Uribe y a los que opinan igual que él, de “buscar obstáculos para detonar el proceso de paz”, ante esto los ciudadanos colombianos han mostrado su apoyo, o por lo menos la mayoría, ya que hartos de una guerra inescrupulosa, como todas, y con pérdidas económicas como humanas, han afianzado el sentimiento de querer un diálogo que encuentre la paz para todos. El anuncio conjunto de las delegaciones del gobierno y las FARC-EP en La Habana el pasado miércoles, ocasionaron reacciones inmediatas, tanto en las redes sociales como en los medios, pues el Presidente Santos y el Jefe máximo de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, habían anunciado el “acuerdo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo”.
Las opiniones no faltaron, y aún no siguen faltando, pues es importante recordar las cifras oficiales de los 52 años de la guerra en Colombia, la que ha sido catalogada como la “guerra más antigua de América Latina”. Según la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de las Víctimas existen 7.724.879 personas declarantes de hechos relacionados con el conflicto armado:
-Desplazados: 6.766.422
-Amenazas: 301.736
-Desaparecidos: 161.967
-Pérdida de propiedades: 104.343
-Acto terrorista, atentados y combates: 89.541
-Secuestros: 31.118
-Delitos contra la libertad e integridad sexual: 14.216
-Muertos por minas o explosivos sin detonar: 10.897
-Torturados: 9.842
-Niños y adolescentes: 7.933.
-Abandono o expulsión de tierras: 9.6753
-Otras causas: 39
Estas cifras muestran un país, pero además muestran la crueldad y la barbarie que no puede quedar impune y deben ser castigados sus ejecutores, pues como afirma el ala uribista en el Congreso “La paz no puede ser la impunidad”.
Leyendo artículos, columnas y análisis en los medios colombianos e internacionales, me he encontrado con un artículo publicado en el diario EL TIEMPO por Paola Ochoa quien titula “Plomo y Perico”; en el artículo Ochoa analiza lo que sería el negocio de la coca con el acuerdo de paz que aún no tiene fecha exacta, pues ella teme que sea el ELN el “plan B” de las FARC-EP, ya que se ha demostrado, según Ochoa, que “El ELN no parece tener ningún interés serio en la paz. Por eso podría terminar reclutando exguerrilleros de las FARC”. El artículo de EL TIEMPO obliga a reflexionar sobre uno de los tantos factores que implica este acuerdo de paz, pues no se puede firmar una paz con grupos insurgentes dispuestos a seguir guerreando, además, Ochoa afirma que “Hoy son muchos los frentes de esa guerrilla que participan activamente en el tráfico de cocaína”, siendo claro que el narcotráfico es el principal ingreso de estos grupos terroristas.
En el diario EL ESPECTADOR, Salomón Kalmanovitz, publicó un artículo llamado “Las finanzas y el fin del conflicto”, allí se asegura que “El cese al fuego bilateral definitivo toma al Gobierno en una situación financiera difícil”, ya que según Kalmanovitx, “El Marco fiscal de Mediano Plazo, revelado el 15 de junio pasado, informa que el déficit fiscal para 2016 sería de casi 4% del PIB”; acá entra inmediatamente otro factor fundamental: ¿cómo podrá Santos sustentar la economía luego del acuerdo de paz?, es una pregunta que ronda en la cabeza de los colombianos.
Así como hay puntos de vista distintos a favor y en contra, esta muy comentado la opinión de Juan José García Posada en el periódico EL COLOMBIANO, cuyo artículo se titula “Todas las paces que nos faltan”, acá García Posada se muestra de acuerdo con el arreglo de cese al fuego, este afirma que “La paz entre el gobierno y las FARC es un punto de partida. “Ojalá sea irreversible y fructífera”; sin duda todos esperamos eso, todos los colombianos y no colombianos, teniendo en cuenta la vocación de democracia y diálogo que siempre se debe tener en el mundo y siendo solidarios con las víctimas que piden paz a gritos.
Ahora, ¿cómo los colombianos pueden confiar en las FARC-EP? ¿esta la organización terrorista dispuesta a una paz real o tiene al ELN como su plan B, tal como lo asegura Paola Ochoa?, ¿están los colombianos seguros del acuerdo de paz?, pero ahora lo más importante es: ¿seguro esta Juan Manuel Santos de permitir que terroristas hagan política, tal y como lo ha dicho en una entrevista al diario EL TIEMPO, el jefe de la delegación del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle?
De este lado de la frontera se apuesta a la paz y a la unidad de los colombianos, no nos gustaría una Colombia sumergida en la duda, en la incertidumbre y en la frustración; apostamos por la paz y por la victoria de la misma, pero nunca olvidando que la paz se logra a través de la justicia y no por medio del apuro. Es imperante una paz con justicia, con tribunales autónomos, con las dos partes seguras de cada paso y con la información oportuna y veraz para los colombianos. Colombia necesita paz y hay que dársela.
Carlos Guerrero / @SrVenezolano.
Comentarios
Publicar un comentario