Los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil lo tienen claro. Su decisión de condenar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaron (70 años) a 27 años y tres meses de cárcel lo sustentan bajo las acusaciones gravísimas de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave, y deterioro del patrimonio.
Pero esta situación ha llegado hasta este punto gracias a una operación, la cual Bolsonaro niega que existiera pero que pruebas claras lo demostrarían, incluyendo la confesión de antiguos colaboradores. Esa operación, a la que la Justicia bautizó como Puñal Verde y Amarillo, sería la gran trama organizada para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 2022.
Ahora ¿de qué trató la operación y cómo se llegó a ella?
Fue un plan, supuestamente, ideado por Bolsonaro con el propósito de atacar las instituciones democráticas y el proceso de traspaso de poder para impedir que Luiz Inácio “Lula” Da Silva asumiera el cargo de presidente luego de ganar las elecciones de octubre del 2022.
La presunta operación golpista preveía el asesinato de autoridades públicas como el vicepresidente electo para entonces, Geraldo Alckmin, y el juez Alexandre de Moraes, además de a Lula, a quien los condenados pretendían envenenar, pero precisamente ha sido la figura de De Moraes la que se erigió como el principal adversario de Bolsonaro, pues de hecho fue sancionado por Estados Unidos bajo la acusación de que encabezaba una cacería de brujas contra el entorno del expresidente.
El descubrimiento de la operación Puñal Verde y Amarillo se consiguió, como dirían por allí, “sin querer queriendo”, pues las autoridades la detectaron durante operaciones de allanamientos que se llevaron a cabo por las fuerzas de seguridad en los domicilios de los presuntos implicados en una trama ilícita de falsificación de cartillas de vacunación de la COVID-19 que salpicó a Bolsonaro y que permitieron incautar material como teléfonos móviles desde donde aparecieron los primeros indicios de este plan.
Buena parte de la información de la operación se conoció gracias al que fuera mano derecha del expresidente brasileño, el teniente coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, quien llegó a un acuerdo para colaborar con la justicia con la intención de ver reducida su pena, permitiendo así que la Fiscalía General, en manos de Paulo Gonet, acusara a Bolsonaro de haber elaborado un “decreto golpista” que habría presentado a altos mandos militares de las Fuerzas Armadas en una reunión llevada a cabo en casa del exministro de Defensa, Walter Braga Netto, con el fin de presionar a los militares. El polémico decreto fue encontrado en el domicilio del también exministro de Justicia Anderson Torres.
El supuesto “decreto golpista”, que sirvió al fiscal Gonet para armar un robusto informe de 272 páginas para exponer el plan y responsabilizar a Bolsonaro, contemplaba un estado de sitio en Brasil, si bien parte de la cúpula militar se opuso a la propuesta y el complot terminó fracasando.
Otros implicados y ya condenados son el diputado y exjefe de Inteligencia, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos; el exjefe de Seguridad, Augusto Heleno y el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira.
Hasta el último momento, el abogado de Bolsonaro, el doctor Celso Vilardi, sostuvo que “no existen ninguna prueba” que vincule a su cliente con la trama, sin embargo el alto tribunal determinó que “las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado de derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas”.
La defensa del exmandatario avisó que recurrirán a la sentencia, que considera “absurdamente excesiva”, incluso en el ámbito internacional.
➨ Artículo escrito por Carlos Guerrero Yamarte (@CarlosGuerreroY), director de la plataforma informativa Globopais (@globopais)
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