Rocío San Miguel ha sido recluída en El Helicoide, el mayor centrode tortura de Venezuela
El fin de semana pasado y los posteriores días de carnaval en Venezuela se convirtieron en horas oscuras para la familia de la activista y presidente de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue arbitrariamente detenida el pasado viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional Simón Bolívar y luego resultó ser víctima de una desaparición forzada al igual que su hija Miranda Díaz San Miguel, dos de sus ex parejas y dos de sus hermanos.
Pero la detención de Rocío San Miguel se convirtió en una estruendosa alarma para la sociedad civil venezolana que vio en su desaparición una arbitrariedad más que ha consternado al país y a la comunidad internacional, que volvió a conversar sobre la crítica situación de derechos humanos que atraviesa Venezuela, pues si el régimen chavista decidió silenciar a través de la persecución a una mujer que es experta en temas relacionados a la seguridad y al mundo militar, no cabe duda que podrán detener a cualquier otra persona que pueda ser incómoda para el Palacio de Miraflores.
La detención de San Miguel, que en los últimos años ha sido una voz importantísima en el mundo civil del país, ha preocupado a la sociedad venezolana. Si bien el hecho se dio en plenas vacaciones de carnaval, cuando muchos compartíamos en familia dentro o fuera de nuestras ciudades, no dejó de impactar la capacidad de represión a la que está dispuesta a llegar la administración chavista.
Precisamente, un grupo de más de 600 ONG y personalidades del mundo académico, político, social, cultural, comunicacional y económico exigieron al unísono saber dónde estaba Rocío San Miguel y su inmediata liberación, pero fue horas después cuando el fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, se pronunció a través de las redes sociales para confirmar la detención de la activista y vincularla con la llamada operación Brazalete Blanco que, según el chavismo, buscaba ejecutar un magnicidio contra Nicolás Maduro.
Quise hacer referencia al caso de Rocío porque considero pertinente que todos los venezolanos, los que estamos o no en política, entendamos que en este país nadie está a salvo, o como diría la también defensora de los derechos humanos, Bonny Pertíñez: “en Venezuela todos tenemos un número, la dictadura decide cuándo”.
Desde hace años se ha emprendido un esquema de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los venezolanos y, justamente, han sido las organizaciones no gubernamentales las que han estado al frente para tenderle la mano a tantas víctimas, pero además, han sido estos actores de la sociedad civil los que también se han organizado para apoyar a comunidades y grupos vulnerables; han recorrido cada rincón del país para desarrollar programas de labor social y tener estadísticas de niños desnutridos o abandonados, así como casos de adultos mayores en extrema pobreza y desatendidos por organismos gubernamentales.
En este sentido, la desaparición forzada de Rocío San Miguel no es solo un ataque a ella y a su familia, es un mazazo directo al corazón de la sociedad civil, es a su vez un mensaje a todos los que hacen parte de organizaciones no gubernamentales o partidos políticos. Es, sin duda, un intento más por intimidar en medio de un clima de extremo temor, como ya lo ha confesado la ex ministra Mary Pili Hernández.
Mientras escribo este artículo, leo la información que confirma la decisión del régimen de cerrar la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas y expulsar del país a los 13 funcionarios que trabajaban en la misma. Todo apunta que a Miraflores no le cayó nada bien que la oficina expresara su preocupación por la detención de Roció San Miguel, quien ha sido recluida en la sede del Sebin en El Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela.
Los venezolanos vivimos momentos duros en todos los sentidos. Aunque hay una intención por normalizar nuestra tragedia nacional, no podemos ser parte de la indiferencia y relativización. Nunca podremos vivir en un país libre y democrático mientras el poder ejecutivo esté en manos de autócratas que expandan sus tentáculos por el resto de las instituciones y así aniquilen el Estado de Derecho.
Todos los venezolanos nos merecemos más que esto, todos merecemos vivir en libertad.
➨ Artículo escrito por Carlos Guerrero Yamarte (@CarlosGuerreroY), director de la plataforma informativa Globopais (@globopais)
Comentarios
Publicar un comentario