En Venezuela desde la llegada del régimen al poder hace 20 años la judicialización de la disidencia se ha vuelto cotidiana, es notable la política de terror y persecución sin importar la clase política o social de la persona. Aquí simplemente el que proteste, ya sea por carencia de los servicios públicos o por creer en una forma distinta de dirigir el país será perseguido por órganos policiales en el mejor de los casos, o por facciones parapoliciales que ha fomentado la dictadura con el nombre de “colectivos”, paradójicamente muchas de estas acciones son denominadas como hechos de “paz”.
Algunos de estos presos de conciencia llevan cerca de dos décadas tras las rejas sufriendo penurias por las pésimas condiciones de reclusión en el país. También existen Diputados a la Asamblea Nacional a quienes se les ha violado su inmunidad parlamentaria consagrada en el Art. 200 de la Constitución de la República (CRBV) el cual dice: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozaran de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo”.
"En Venezuela desde la llegada del régimen al poder hace 20 años la judicialización de la disidencia se ha vuelto cotidiana"
De igual manera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su articulo 62 da facultad a todo ciudadano de participar libremente en asuntos públicos, hecho que hoy se condena al no permitir que las comunidades o personas reclamen su descontento por la carencia de servicios y libertades que han causado estos 20 años del régimen en el poder. Los jueces y fiscales se han convertido en los mayores cómplices de estas actuaciones y cuando por alguna razón se han otorgado boletas de excarcelación desde algún tribunal, son entonces los carceleros quienes incumplen esta orden y mantienen a la persona tras las rejas, situación que se repite en varios casos.
Organismos independientes como la ONG Foro Penal informó a principios de semana que existen 428 presos políticos actualmente en el país, de los cuales 400 son hombres y 28 mujeres. De acuerdo a esta información, 300 privados de libertad son civiles y 128 militares. Lo más notable de la cifra total es que 4 son adolescentes. Solamente en la última semana se contabilizaron 26 nuevos presos políticos en Venezuela.
No podría terminar sin mencionar lo que para mí es un hecho dantesco y que merece el repudio del país y de toda la comunidad internacional: en Barquisimeto, estado Lara, se realizó un cacerolazo en reclamo por la falta de servicios públicos terminando en la detención de los manifestantes y entre ellos había un joven con lo que conocemos comúnmente con Síndrome de Down, este es el nuevo preso político del régimen.
No se miden en ningún sentido, violan no solo el legítimo derecho a la protesta (Art. 53 CRBV) sino todo tipo de Derecho Humano, han perdido toda sensibilidad como personas, ¿Dónde está el corazón de quienes lo detuvieron? ¿Acaso la juez que dictó la medida privativa de libertad no escuchó el alegato de la defensa? Sólo actúan bajo las órdenes de la dictadura sin ningún tipo de conciencia.
Con los ejemplos de todos estos casos, solamente nos queda recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben y la responsabilidad es individual sin poder ser justificada por una orden proveniente de la cadena de mando.
➨ Alberto Velásquez (@AVelasquezLAD)
Dirigente político del estado Zulia
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