Tras 93 días de protestas, la oposición termina de cohesionarse en torno al objetivo de intensificar la insurrección nacional contra el gobierno de Maduro. En un acto al cual fueron convocados los medios de comunicación e inició a las 11.00 de la mañana, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, leyó un comunicado a nombre de la Mesa de la Unidad Democrática que lleva por título ‘¡Qué sea el pueblo quien decida!’.
La oposición persiste en la defensa de la Constitución y apuesta a la unidad entre los partidos de la coalición en conjunto con la sociedad civil que empuja por un cambio para generar más presión e impedir la realización de la Asamblea Nacional Constituyente.
Apegados a la resistencia de calle y a la labor institucional del Ministerio Público en la vocería de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, la tolda opositora impulsa una nueva estrategia. Agota todos los recursos que le queda y apela a la construcción de una huelga nacional similar a la de 2002. Declaró la activación de una “hora cero nacional en un levantamiento democrático”.
Asimismo, propone la realización de un Proceso Nacional de Decisión Soberana en la modalidad de un plebiscito mediante el cual el pueblo elija si acepta o no la ejecución de las elecciones de los candidatos a la ANC pautada para el próximo 30 de julio.
Amparados bajo los artículos 350, sobre el derecho a la rebelión civil en defensa de la democracia, y el 333, sobre el derecho a defender la vigencia de la Constitución, la MUD llama a los venezolanos a un proceso plebiscitario sin aval oficial por parte del Consejo Nacional Electoral.
El objetivo es evidenciar y capitalizar el descontento social del chavismo disidente, liderado por partidos de izquierda como Marea Socialista y Redes, así como la apatía que muestran sectores populares de Caracas, cuyos habitantes no creen ni sienten que reformar la Constitución y crear un Estado comunal solucionará sus problemas económicos y el resto de las múltiples crisis que aquejan al país.
Las acciones a seguir se basan en que el pueblo rechace y desconozca en masa la Constituyentye con la emisión de un documento que represente el clamor social, exigir a los funcionarios públicos y la Fuerza Armada que restituyan el orden constitucional para garantizar la estabilidad del Estado a pesar de las decisiones totalitarias del Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, decidir la renovación de los Poderes Públicos del país y la conformación de un Gobierno de Unión Nacional, es decir, una junta política de transición integrada por factores alternativos al Gobierno que faciliten un consenso entre la disidencia chavista, los abstencionistas de ambos bandos y la oposición. Todo con el fin de lograr una salida negociada a la crisis política.
Este pronunciamiento se produce el mismo día en que la fiscal general Luisa Ortega Díaz ofreció un discurso en la Asamblea Nacional para solicitar al Parlamento la ratificación de la designación del vicefiscal general Rafael González Arias, con cuyo cargo pretende el TSJ usurpar el puesto de la fiscal general tras destituirla mediante un antejuicio de mérito y posterior juicio penal por presuntas faltas graves infundadas en argumentos jurídicos falaces.
La solicitud de la fiscal y el llamado a plebiscito de la oposición muestran que dos poderes de peso dentro del Estado (Asamblea Nacional y Ministerio Público) están en insurrección política y civil. Ambos aglutinan apoyos que polarizan más al país en contra del Gobierno a medida que se acerca un día crucial para la crisis política, que ya lleva tres meses de agudización progresiva.
Luego del 16 de julio, la oposición podría recurrir a una huelga nacional indefinida con la participación del sector comercial, empresarial, transporte y educativo para allanar el camino rumbo a un colapso en las sedes electorales destinadas por el CNE para el domingo 30 de julio.
Ricardo Serrano | @RS_Journalist
Comentarios
Publicar un comentario