Excarcelación de Leopoldo López abre posibilidades de cambios en la estrategia de la oposición contra el gobierno de Maduro

La sorpresiva decisión se produjo luego de 98 días de protestas, que han dejado un saldo de 92 manifestantes asesinados, 1419 heridos y más de 3600 detenidos. López es considerado el más emblemático de los 431 presos políticos que hay en Venezuela, según datos de la ONG Foro Penal

Luego de tres años y nueve meses de prisión, el prominente líder opositor Leopoldo López, encarcelado en el penal militar de Ramo Verde desde 2014 por ser el presunto autor intelectual de la ola de protestas antigubernamentales que sacudió a Venezuela en ese año, fue sacado de su celda para permanecer recluido en su casa. La medida cautelar sustitutiva de libertad que recibió le fue otorgada el pasado 7 de julio por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

En un escueto comunicado de prensa, el TSJ aduce su decisión a la existencia de “serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente (de Leopoldo López) a un Tribunal de Ejecución” y también a la “información recibida sobre la situación de salud del dirigente político”. El primer motivo hace referencia a una falla en el intrincado proceso judicial de López, de la cual nunca se conocieron mayores detalles. 

El segundo se relaciona con lo que la familia del preso político ha denunciado desde hace dos años; condiciones inhumanas en su reclusión por tortura física y psicológica hasta el punto de que Diosdado Cabello, el conocido número dos del chavismo, tuvo que dar una fe de vida de López tras informaciones de una supuesta intoxicación y grave estado de salud del dirigente.

Ni el TSJ ni el Gobierno ha ofrecido detalles sobre los motivos exactos que impulsaron la decisión de otorgarle un arresto domiciliario a López. Solo Maikel Moreno, presidente del TSJ, aseguró que se trata de una “medida humanitaria ajustada a derecho”, mientras que Tarek William Saab, defensor del pueblo, enfatiza que esta decisión no debe ser vista como un hecho excepcional, sino como una medida humanitaria, dijo en una rueda de prensa.

Por otro lado, las contradicciones y desvíos discursivos se hacen presentes en los representantes del Gobierno en torno a este hecho. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, aseguró que esta medida fue “producto del diálogo y de la altura del presidente Maduro y los expresidentes que han venido acompañando el proceso”. Sin embargo, Maduro no ha confirmado que se haya tratado de un acuerdo consensuado. Lo mismo informó el propio Leopoldo López al asegurar que su excarcelación no se trató de una negociación, sino de una decisión unilateral, lo cual es afirmado también por Javier Cremades, uno de sus abogados. El defensor de López advirtió, en una entrevista al canal NTN24, que existe la posibilidad de que la medida pueda llegar a ser revertida tal como pasó con el preso político Daniel Ceballos, exalcalde de Táchira y compañero de Leopoldo en Voluntad Popular, a quien el Gobierno volvió a recluir en Ramo Verde por un supuesto plan de salida del país tras haber gozado de un beneficio de casa por cárcel.

Lilian Tintori, esposa de López y activista de derechos humanos, aseguró también que la excarcelación de su marido no fue producto de la negociación porque “no se negocian los derechos humanos ni la dignidad”. “Sus últimos días en Ramo Verde fueron los peores. Bajó seis kilos y lo torturaban. En ese centro no le garantizaban la vida”, dijo al diario El Universal. 

Aún así, Edith López, tía del preso político, al igual que Tintori, contradijo la sentencia del TSJ y confirmó que su sobrino goza de buena salud. Lo mismo informó tras su traslado a casa Freddy Guevara, dirigente del partido de Leopoldo y principal artífice de la ola de protestas que inició el 3 de abril y ya suma 102 días de lucha social en las calles del país.

El presidente Maduro se deslindó de toda culpa sobre la condena a 13 años y nueve meses de prisión a Leopoldo López y le atribuyó responsabilidad por tal pena a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien cada vez cobra más fuerza política y apoyo de la oposición tras su rebelión judicial contra el Gobierno. “López fue acusado por la fiscal, quien pidió 30 años de cárcel. Él está penado y preso por responsabilidad de la Fiscalía. Yo no moví ni un dedo en el Ministerio Público para esa decisión porque soy un presidente de moral y de ética”, exclamó el mandatario. Sin embargo, quien realmente dictó condena sobre Leopoldo López fue la jueza Susana Barreiros, movida de su cargo judicial a uno diplomático tras ordenar la encarcelación de López en septiembre de 2015 luego de más de un año de un juicio trabado y poco transparente. El día de su sentencia, Barreiros le imputó a López los delitos de instigación pública y asociación para delinquir.

Aunque el mismo Leopoldo y su esposa aseguran que no hubo negociación, quienes lo visitaban recurrentemente en la cárcel −al menos unas siete veces− para sostener conversaciones con él y quienes, de hecho, le dieron su última visita, son la excanciller Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, alcalde de Caracas, tras la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien se reunió por última vez con Leopoldo López el 4 de junio. Estos acompañaron a Lilian Tintori a su casa el sábado 8 de julio, a las 3.00 de la mañana. 

Leopoldo fue trasladado a las 4.00 por el Sebin, la Policía política del Estado, de Ramo Verde a su domicilio. Todo esto ocurrió unos minutos después de que Samuel Moncada, actual canciller de Venezuela, se dirigiera personalmente a la celda de López y le comunicara que le había sido otorgada una medida de casa por cárcel, según reveló un abogado del preso político.

“Pude saludar esa madrugada a los funcionarios. Les di la mano. Lloraba de la emoción. Les doy las gracias a Delcy y a Jorge Rodríguez. Ellos estaban presentes y les dije que no puede haber más presos políticos. Si tenemos que trabajar por la concordia, que cuenten conmigo”, dijo la esposa de López a la prensa durante la marcha por los 100 días de protestas del pueblo venezolano.

López mantiene su postura

“Ratifico mi compromiso de luchar hasta conseguir la libertad”. Fueron las primeras palabras de Leopoldo López al asomarse en el balcón de su residencia e izar ante los periodistas y sus amigos la bandera venezolana. 

El Gobierno se ha mostrado hermético a revelar sus razones para hacer esta movida política dos días después del asalto de presuntos grupos oficialistas de civiles armados contra unos diputados opositores en la Asamblea Nacional y tres semanas antes de las elecciones a una Asamblea Nacional Constituyente, el próximo 30 de julio, la cual ha sido calificada de arbitraria y un 85 % de la población la rechaza, mientras que solo el 10 % la apoya, según la encuestadora Datanálisis.

Los principales dirigentes de la oposición; Freddy Guevara, Julio Borges, Henry Ramos Allup, Henrique Capriles y María Corina Machado, coinciden en que la verdadera razón para la excarcelación de Leopoldo fue la presión ciudadana que obligó al régimen de Maduro a ceder posiciones para tratar de bajar la tensión política y mostrarse como un factor que le concedió algo a la oposición a fin de desviar el foco político de las calles y lograr que la MUD centre su estrategia en concentrarse en Leopoldo López, a lo cual se han rehusado Freddy Guevara y Julio Borges al hacer ver que todo va viento en popa rumbo al plebiscito del próximo 16 de julio sobre el rechazo a la Constituyente, la renovación de los poderes públicos, la exigencia a la Fuerza Armada de respeto a la Constitución y la conformación de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional.

Si bien el líder político más prominente de Venezuela en los últimos cuatro años se encuentra recluido en su casa, jugará un rol clave en la posible asesoría estratégica que, según analistas, pudiera brindarle a la oposición sobre cómo arreciar la lucha en la calle y sentar las bases para lograr una especie de junta política que exista paralelamente al Gobierno en pro de desconocer institucionalmente, con el respaldo de la Asamblea Nacional y, posiblemente, del Ministerio Público con la fiscal Luisa Ortega, el poder de facto que ostenta Maduro.

La información corre como pólvora día tras día en Venezuela. Las paredes no son un impedimento para que, con una esposa radicalmente opositora en la lucha con la MUD, Leopoldo López conozca lo que ocurre fuera de su domicilio en las calles de Caracas e idee movimientos y cambios en la agenda de la oposición para cohesionarla en torno al regreso parcial de quien era su indiscutible líder en la insurrección iniciada contra Maduro en 2014.

La presión ahora aumenta sobre el Gobierno con un líder de masas que se encuentra más cercano a la gente y que puede actuar como un catalizador en el liderazgo dentro de la oposición y perfilarse así como un agente político de cambio rumbo a una posible aspiración presidencial si la oposición logra establecer una estructura de poder legitimada por el segmento poblacional opositor, mediante el artículo 350 de la Constitución, paralela al establishment de Miraflores, que es desconocido por un 72 % de los venezolanos, según una reciente encuesta de Datanálisis.

Para Luis Vicente León, analista político y presidente de esa firma de estudios de opinión, el objetivo del Gobierno con este beneficio a López es “bajar la presión” y dar “mensajes de apertura”, según le comentó a la agencia AFP. 

León analiza que esta estrategia es conveniente y políticamente viable solo para un sector de la oposición. “Es un sector que entiende el riesgo de implicarse en una lucha sin cuartel y al final quedarse con las manos vacías”, agrega haciendo referencia al riesgo de que con el impulso que representa Leopoldo López fuera de la cárcel la oposición radical asuma una lucha no política y violenta cara a cara contra el Gobierno debido a que no posee el monopolio de las armas en el país.

Ricardo Serrano | @RS_Journalist