La presión internacional genera efectos atosigantes para el Gobierno de Venezuela. Al verse aislada y contrargumentada constantemente en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), la representación diplomática de Venezuela, a través de la cancillería, recibió la orden del presidente Nicolás Maduro de retirar al país del organismo multilateral.
El pasado 26 de abril, Delcy Rodríguez, canciller de la República, anunció que Venezuela iniciará el proceso para dejar de ser miembro de la OEA debido a un presunto plan de injerencia e intervención diplomática extranjera en el país para derrocar al Gobierno de Maduro y solucionar la crisis.
El detonante de la decisión se produjo tras dos sesiones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA, en las cuales se aprobó un acuerdo mediante el cual se procedió a discutir la situación del país. La delegación diplomática venezolana asegura que el organismo no puede tratar la crisis del país sin previo consentimiento y autorización del presidente, su canciller y su embajador.
La canciller Rodríguez alega que la sesión del 3 abril fue “inadmisible” y “nefasta” al tratar de implementarse la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela bajo el argumento de un presunto quebrantamiento del orden constitucional.
Los Estados miembros adujeron las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para restarle facultades jurídicas y políticas a la Asamblea Nacional como una muestra de que no existe la separación de poderes como principio fundamental de todo sistema democrático, el cual, según argumentan, no existe en el país debido a la evidente actuación institucional sincronizada entre el Gobierno, el TSJ y el CNE que aísla políticamente el accionar de la oposición como cuerpo legislativo mayoritario.
Delcy Rodríguez confirmó la decisión de Venezuela al anunciar que el Gobierno emitió la carta de denuncia al organismo, según el artículo 143 de la Carta de la OEA. A partir de este proceso, Venezuela inicia el trámite de desvinculación política y diplomática de esa organización. Agregó que la delegación venezolana no asistirá a las próximas sesiones.
“Me despierto con la tranquilidad de saber que no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer”, expresó la diplomática. Pero el Gobierno venezolano reconoce que el proceso de salida de la OEA demora 24 meses en consumarse, por lo cual el país debe mantener su asistencia a los caucus del organismo debido a que aún permanecen vigentes sus derechos y deberes políticos y diplomáticos en el ente multilateral, de obligatorio cumplimiento conforme con lo suscrito en la Carta Democrática Interamericana.
El proceso de desligamiento no puede ser completado sin que antes Venezuela cancele su deuda de 10.500.000 dólares en cuotas anuales acumuladas, más la de este año, que tiene en mora con la OEA.
Es así pues que, en vista de un inminente escenario de aplicación de la Carta Democrática Interamericana debido a la constante presión diplomática en la región sobre Venezuela, el Gobierno del país decidió irse de la organización antes de que lo expulsaran. Diversos analistas y periodistas califican la estrategia de Maduro como un “me voy antes de que me echen”.
Sin embargo, la OEA podría mantener su convicción de aplicar sanciones a Venezuela dado que las gestiones diplomáticas se avizoran como disfuncionales en la coyuntura actual que atraviesa el país debido al hermetismo del régimen de Maduro. Analistas políticos venezolanos prevén un mayor aislamiento del Gobierno y un incremento en la destrucción de su imagen internacional.
La canciller venezolana asegura que el impacto económico que supone la salida de Venezuela del organismo “no refleja los indicadores de las potencialidades del país”. Su convocatoria a una reunión de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) resultó ineficaz como estrategia de respaldo al no haber asistido siete de los 33 Estados miembros que la integran; Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, lo cual demuestra un aislamiento regional por parte de sus otrora aliados, que ahora no cuentan con el mismo flujo de subvención petrolera de Petrocaribe que recibían hace cuatro años de Venezuela.
El país se arriesga no solo a un mayor aislamiento diplomático, puesto que las embajadas de países divergentes de la línea ideológica venezolana, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá y Perú, cuyos cancilleres se han pronunciado sobre la situación, podrían congelar sus relaciones bilaterales con Venezuela hasta el punto de afectar los acuerdos migratorios y comerciales signados en el pasado.
Asimismo, al ser excluido del Sistema Interamericano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría llevar las denuncias violatorias que hay contra el Gobierno venezolano a instancias de la ONU para su posible evaluación en la Corte Penal Internacional, en caso de comprobarse las presuntas vejaciones, torturas y abusos de la fuerza de los que acusan a funcionarios del Estado.
El pasado 26 de abril, Delcy Rodríguez, canciller de la República, anunció que Venezuela iniciará el proceso para dejar de ser miembro de la OEA debido a un presunto plan de injerencia e intervención diplomática extranjera en el país para derrocar al Gobierno de Maduro y solucionar la crisis.
El detonante de la decisión se produjo tras dos sesiones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA, en las cuales se aprobó un acuerdo mediante el cual se procedió a discutir la situación del país. La delegación diplomática venezolana asegura que el organismo no puede tratar la crisis del país sin previo consentimiento y autorización del presidente, su canciller y su embajador.
La canciller Rodríguez alega que la sesión del 3 abril fue “inadmisible” y “nefasta” al tratar de implementarse la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela bajo el argumento de un presunto quebrantamiento del orden constitucional.
Los Estados miembros adujeron las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia para restarle facultades jurídicas y políticas a la Asamblea Nacional como una muestra de que no existe la separación de poderes como principio fundamental de todo sistema democrático, el cual, según argumentan, no existe en el país debido a la evidente actuación institucional sincronizada entre el Gobierno, el TSJ y el CNE que aísla políticamente el accionar de la oposición como cuerpo legislativo mayoritario.
Delcy Rodríguez confirmó la decisión de Venezuela al anunciar que el Gobierno emitió la carta de denuncia al organismo, según el artículo 143 de la Carta de la OEA. A partir de este proceso, Venezuela inicia el trámite de desvinculación política y diplomática de esa organización. Agregó que la delegación venezolana no asistirá a las próximas sesiones.
“Me despierto con la tranquilidad de saber que no tengo que llamar a Washington para que me digan qué hacer”, expresó la diplomática. Pero el Gobierno venezolano reconoce que el proceso de salida de la OEA demora 24 meses en consumarse, por lo cual el país debe mantener su asistencia a los caucus del organismo debido a que aún permanecen vigentes sus derechos y deberes políticos y diplomáticos en el ente multilateral, de obligatorio cumplimiento conforme con lo suscrito en la Carta Democrática Interamericana.
El proceso de desligamiento no puede ser completado sin que antes Venezuela cancele su deuda de 10.500.000 dólares en cuotas anuales acumuladas, más la de este año, que tiene en mora con la OEA.
Es así pues que, en vista de un inminente escenario de aplicación de la Carta Democrática Interamericana debido a la constante presión diplomática en la región sobre Venezuela, el Gobierno del país decidió irse de la organización antes de que lo expulsaran. Diversos analistas y periodistas califican la estrategia de Maduro como un “me voy antes de que me echen”.
Sin embargo, la OEA podría mantener su convicción de aplicar sanciones a Venezuela dado que las gestiones diplomáticas se avizoran como disfuncionales en la coyuntura actual que atraviesa el país debido al hermetismo del régimen de Maduro. Analistas políticos venezolanos prevén un mayor aislamiento del Gobierno y un incremento en la destrucción de su imagen internacional.
La canciller venezolana asegura que el impacto económico que supone la salida de Venezuela del organismo “no refleja los indicadores de las potencialidades del país”. Su convocatoria a una reunión de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) resultó ineficaz como estrategia de respaldo al no haber asistido siete de los 33 Estados miembros que la integran; Bahamas, Barbados, Brasil, México, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago, lo cual demuestra un aislamiento regional por parte de sus otrora aliados, que ahora no cuentan con el mismo flujo de subvención petrolera de Petrocaribe que recibían hace cuatro años de Venezuela.
El país se arriesga no solo a un mayor aislamiento diplomático, puesto que las embajadas de países divergentes de la línea ideológica venezolana, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá y Perú, cuyos cancilleres se han pronunciado sobre la situación, podrían congelar sus relaciones bilaterales con Venezuela hasta el punto de afectar los acuerdos migratorios y comerciales signados en el pasado.
Asimismo, al ser excluido del Sistema Interamericano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría llevar las denuncias violatorias que hay contra el Gobierno venezolano a instancias de la ONU para su posible evaluación en la Corte Penal Internacional, en caso de comprobarse las presuntas vejaciones, torturas y abusos de la fuerza de los que acusan a funcionarios del Estado.
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