New York Times | Sonia Nazario
Hace dos años, cerca de 18.000 niños hondureños que viajaban solos llegaron a la frontera estadounidense para huir de la violencia en su país. Hoy, los programas financiados por Estados Unidos están ayudando a disminuir el crimen y la migración de los jóvenes
SAN PEDRO SULA, Honduras — Hace tres años, Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, mientras que la ciudad de San Pedro Sula tenía la más alta del país y el vecindario Rivera Hernández, donde 194 personas fueron asesinadas o apuñaladas a muerte en 2013, tenía la tasa de homicidios más alta de la ciudad. Decenas de miles de jóvenes hondureños viajaron a Estados Unidos para pedir asilo y alejarse así de la violencia de las pandillas de narcotraficantes.
Este verano regresé a Rivera Hernández para encontrarme con una reducción significativa de la violencia, en gran parte gracias a los programas instaurados por Estados Unidos, los cuales han ayudado a que los líderes de las comunidades combatan el crimen. Al tratar la violencia como si fuera una enfermedad contagiosa y cambiar el ambiente donde se propaga, Estados Unidos no solo ha ayudado a hacer que estos lugares sean más seguros, sino que también ha reducido sus propios problemas.
Hace dos años, cerca de 18.000 niños hondureños que viajaban solos llegaron a la frontera estadounidense. Ahora los líderes de las comunidades dicen que la cantidad de jóvenes que se dirigen al norte desde este vecindario se ha reducido más de la mitad. Honduras ha bajado del primer al tercer lugar entre los países centroamericanos que envían niños solos a Estados Unidos de manera ilegal.
Las inversiones bien pensadas están siendo un éxito en Honduras. Esto contradice fuertemente a las políticas aislacionistas que cada vez se extienden más en Estados Unidos. Una encuesta del Pew Research Center realizada en abril halló que la mayoría de los estadounidenses piensa que su país debería “solucionar sus propios problemas” mientras los demás enfrentan los suyos “tan bien como puedan”; ese sentimiento es la base del eslogan “Primero Estados Unidos” y la campaña “Construyamos un muro” de Donald Trump. Muchos parecen haber perdido la fe en el poder estadounidense.
El financiamiento para la prevención de la violencia en Honduras —que este año costó entre 95 y 110 millones de dólares— también ha sido criticado por parte de la izquierda. Este verano se presentó en el Congreso un proyecto de ley para suspender la ayuda destinada a la seguridad de Honduras a causa de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en ese país. Estas preocupaciones son legítimas, pero retirar ese apoyo sería un error.
Lo que de verdad Estados Unidos debe hacer es redoblar la apuesta de los programas que están funcionando y reproducirlos en otros lugares. Aunque menos niños estén llegando a Estados Unidos desde Honduras, la cifra total de centroamericanos podría establecer un récord este año. Lo que está funcionando en Honduras podría brindar esperanza a Guatemala, El Salvador y otros países en crisis.
Hasta hace poco, los padres no dejaban que sus hijos salieran en Rivera Hernández, por el temor a las seis pandillas que controlaban el enorme vecindario de 150.000 habitantes.
Las pandillas imponían un toque de queda a las 6 de la tarde. Los cadáveres aparecían en las calles de tierra por la mañana. La pandilla Barrio 18 formó un punto de control donde preguntaba a todos los conductores: “¿De dónde vienes? ¿Adónde vas?”. Le disparaban ahí mismo a quien diera la respuesta equivocada. Distintas fuentes —entre ellas el Departamento de Estado y la policía hondureña— me contaron sobre unos pandilleros que jugaban fútbol con la cabeza decapitada de alguien a quien habían ejecutado.
“Era como un pueblo fantasma”, dijo Jesús René Maradiaga, un líder de la comunidad. Le habían disparado a dos de sus hijas; una de ellas murió.
Sin embargo, ya no es así. En dos años, los homicidios se han reducido en un 62 por ciento. Un jueves hace poco asistí a la noche de cine que Daniel Pacheco organiza dos veces al mes. Pacheco, pastor y carpintero de medio tiempo, recoge a niños que viven en el territorio de la pandilla Barrio 18, así como a niños del área controlada por su rival más violento, la Mara Salvatrucha.
Después, con un calor húmedo, en medio de la calle, coloca una carpa, un proyector, pantalla y altoparlantes. Pone sillas de plástico y levanta una casa inflable de Scooby Doo.
A las siete y media, la noche que estuve allí, más de cien niños estaban jugando juntos. Reían alegres en el inflable y después se sentaron a mirar Intensamente. Finalmente, hicieron una fila para que un policía les diera botellas de agua y bolsas de alimentos con el número 911; les pidieron que llamaran al nuevo sistema de emergencia para denunciar crímenes. Estados Unidos entregó el equipo y puso todo lo que Pacheco necesitó para el evento.
El apoyo de Estado Unidos está “teniendo resultados”, dijo James D. Nealon, el embajador de Estados Unidos en Honduras. “Estamos reduciendo la migración”, afirmó. También se está reparando el daño que provocó Estados Unidos. En primer lugar, por la deportación de decenas de miles de pandilleros a Honduras a lo largo de las dos últimas décadas, una decisión que exacerbó gran parte del caos actual. Y en segundo lugar por la demanda de drogas por parte de los estadounidenses, las cuales son enviadas desde Colombia y Venezuela a través de Honduras. Si Estados Unidos sigue con su trabajo contra la violencia en Honduras, dijo el embajador Nealon, “en cinco años tendrán de vuelta su país”, refiriéndose a los hondureños.
Pacheco llevó a cabo sus programas en una casa verde y blanca llamada Casa de la Esperanza. Hasta hace poco era conocida como una Casa Loca: una casa que las pandillas utilizan para torturar y asesinar.
El 26 de junio de 2014, miembros de la pandilla Ponce secuestraron a Andrea Abigail Argeñal Martínez, de 13 años, porque su familia no pudo pagar el “impuesto de guerra” que la pandilla le impuso a su pequeña tienda. Violaron a Andrea durante varios días en esa casa, y llamaron a su madre para que pudiera escuchar los gritos de la niña mientras la hacían pedazos. Enterraron a Andrea bajo un árbol de toronjas en el patio.
Pacheco recordó cómo se había parado sobre el hoyo que quedó después de que exhumaron a Andrea y juró: “En tu memoria, voy a hacer algo”. Después limpió la sangre del suelo.
Ahora recorre los lugares para prevenir asesinatos. Cuando escucha que una pandilla ha sido arrinconada por la policía, se pone frente a los oficiales y grita “¡dejen de disparar!”, hasta que ellos permiten que la pandilla se rinda. De esta manera se ha ganado la confianza de las seis pandillas. Hace lo mismo cuando escucha que una de las pandillas está a punto de asesinar a alguien, y se dirige a la escena en su bicicleta a toda velocidad.
Estados Unidos ha sido un gran aliado para él, pues el país estaba desesperado por frenar el éxodo de niños que llegaban solos. Estados Unidos basó su estrategia de prevención en lo que había funcionado en Boston en los noventa, y más tarde en Los Ángeles: concentrar esfuerzos en los lugares más violentos. En 2014, USAID y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley comenzaron a organizar a los líderes de la comunidad en tres locaciones piloto en San Pedro Sula, incluyendo la que está en Rivera Hernández.
Una de las tácticas más efectivas es la creación de centros asistenciales en los vecindarios; Estados Unidos ha auspiciado 46 de ellos. Generalmente una iglesia dona el edificio, y Estados Unidos la remodela y entrega computadoras, equipos y el financiamiento inicial para contratar a un coordinador. Los centros reclutan mentores y proveen entrenamiento vocacional para residentes, a quienes luego ayudan a encontrar empleo como peluqueros, panaderos y electricistas. Arnold Linares, un predicador bautista que dirige uno de los centros, dice que, a pesar de los numerosos inconvenientes, “el gobierno estadounidense ha sido un mejor aliado que el gobierno de Honduras”.
Estados Unidos ha provisto a los líderes locales con altavoces para eventos, herramientas para limpiar 10 campos de fútbol abandonados (que se habían vuelto tiraderos de cadáveres), libretas y uniformes escolares, así como fondos para instalar alumbrado público y botes de basura.
Además del equipo para las noches de cine, Pacheco recibió uniformes y balones para formar 25 equipos de fútbol. Una noche hace poco, organizó un partido entre el equipo de la Casa de la Esperanza y un equipo de asesinos: 20 sicarios de la pandilla Los Tercereños. Un jugador robusto que llevaba puesta una camiseta con el número 11 me dijo que había matado a 121 personas, cobrando 220 dólares o más por cada muerte.
Esa noche corría por toda la cancha, tratando de anotar un gol. “Cuando los miembros de las pandillas se van a casa, llegan cansados a dormir. Esta noche no matarán a nadie”, dijo Pacheco sonriendo. “Si juegan juntos, ya no se ven como el enemigo. Dicen: ¿Cuándo es el siguiente partido?”.
Un programa piloto también se concentra en los niños a quienes sus profesores identifican como alumnos que tienen factores de riesgo para unirse a pandillas, como abuso de sustancias, tiempo sin supervisión y un “suceso negativo en su vida”, como haber sido víctimas de un crimen violento o que uno de sus familiares haya sido asesinado. Después de un año de asesoría familiar, se consideró que los niños del programa tenían 77 por ciento menos probabilidad de cometer crímenes o abusar de las drogas y el alcohol, de acuerdo con Creative Associates International, la agencia que administra el programa.
Finalmente, Estados Unidos está ayudando a que los criminales se sometan a la justicia al apoyar a una organización sin fines de lucro que opera en Honduras llamada la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). En años recientes, un 96 por ciento de los homicidios terminaron sin condena. Todos en Rivera Hernández sabían qué les pasaba a los testigos que denunciaban: tiraban sus cuerpos junto con un sapo muerto. El mensaje: los sapos hablan demasiado.
La ASJ asigna equipos de psicólogos, investigadores y abogados para examinar todos los homicidios y convencer a los testigos de que den sus testimonios. Más de la mitad de los casos de homicidio resueltos en siete vecindarios piloto ahora pudieron tener veredictos de culpabilidad.
“No es como antes, en que mataban a alguien y no había consecuencias”, dijo Maradiaga, el líder de la comunidad.
Los miembros de la ASJ se acercan a las familias de las víctimas con delicadeza: les dicen que son una organización cristiana y les preguntan si pueden ayudar. Van a la morgue para ofrecer transportar el cuerpo y dar café para el velorio, o un mes de renta. Finalmente, buscan obtener información. La mitad de los miembros de una familia generalmente conocen al asesino; uno de cada cuatro fue testigo del asesinato. Dicen que les toma de cuatro a 15 visitas para convencer a los testigos de que testifiquen.
Los testigos pueden declarar de manera anónima, como lo hacen en los casos de la mafia italiana. En mayo, el equipo de ASJ llegó a un juzgado de San Pedro Sula con una testigo nerviosa, y la esperanza de que finalmente se hiciera justicia con los asesinos de Andrea, de 13 años.
Luis López, el psicólogo del equipo, ayudó a que la testigo repasara su testimonio. Ella vio cómo dos pandilleros se llevaban a Andrea con pistolas en mano. Escuchó que uno le dijo a la niña: “Ya verás lo que vamos a hacerte”. Dos días más tarde, la abuela y la madre de Andrea le estaban mostrando fotos de la niña extraviada a la gente en la calle. La testigo no dijo nada. Una semana después, escuchó los gritos que amortiguaban los muros de la casa verde y blanca.
“Necesito que te calmes”, le dijo el psicólogo.
“Ellos van a verme”, dijo con terror.
“No van a ver nada. No pueden verte”, le aseguró, y después le mostró cómo respirar hondo si se quedaba muda de miedo.
La testigo se puso una prenda que parecía un burka negro, que la cubría de pies a cabeza, junto con botas de goma y guantes negros. En el juzgado entró a una cabina móvil de madera con una ventana que no deja ver el interior, aunque ella sí podía ver hacia fuera. Después la llevaron dentro de la cabina, que tenía ruedas.
Cuando vio a los dos hombres que habían sido acusados de asesinato, la ira se apoderó de ella. Tranquilamente narró lo que había visto; un aparato distorsionaba su voz.
Había sido testigo de tres asesinatos, pero esta era la primera vez que se lo había dicho a alguien. Después de eso, en el auto, se llenó de alegría. “¡Me siento liberada!”.
“La gente quiere justicia; eso es todo”, dijo López. Tres semanas más tarde, los dos acusados fueron declarados culpables de asesinato.
En la zona donde mataron a Andrea no ha habido asesinatos en dos años, asegura Pacheco. Calculó que la cantidad de miembros de pandillas en Rivera Hernández disminuyó un 25 por ciento en tres años. “Estamos quitándole la fuerza vital a las pandillas: nuevos reclutas”, dijo.
Pero eso no quiere decir que ahora se trate de un lugar seguro. Siguen matando niños: el año pasado 570 fueron asesinados en un país con una población menor que la ciudad de Nueva York. Una tarde, hace varios meses, la policía atrapó a un pandillero de la Mara Salvatrucha en Rivera Hernández con un cuerpo mutilado en la canasta de su bicicleta, mientras se dirigía, casualmente, a deshacerse de él.
Un estudio de 2015 halló que 174.000 hondureños —el cuatro por ciento de los hogares del país— habían abandonado sus casas debido a la violencia. La mayoría no había regresado. Cerca de mil familias se fueron de Rivera Hernández bajo amenazas. Los pandilleros se llevaron todo lo que podían vender de sus casas: marcos de ventana, puertas, techos, y dejaron cuadras enteras en ruinas.
Hará falta mucho más que este proyecto para cambiar la reputación de Estados Unidos en esta parte del mundo, donde los estadounidenses son famosos por explotar a los trabajadores y los recursos, y por ayudar a que los tiranos sigan en el poder.
Nadie niega que gran parte del cambio ahora está basado en el interés propio: el aumento de niños refugiados en 2014 provocó que el presidente Obama pidiera al Congreso 3.7 mil millones de dólares para ayuda de emergencia. “No es caridad”, dijo el embajador Nealon.
Un estudio de 2016 encargado por USAID determinó que trabajar con gente dentro de las pandillas —aquellos que son participantes activos y aquellos que quieren salirse de ellas— produjo la mayor disminución de la violencia. Sin embargo, Estados Unidos utiliza muy poco esa estrategia, por miedo a que parezca que están trabajando con las pandillas o pagando a sus miembros. Los líderes de Rivera Hernández creen que esto es una omisión crítica.
La siguiente prioridad debe ser depurar la policía. El Departamento de Estado ha estado financiando cursos de entrenamiento para los policías, pero las iniciativas para hacer que estos conozcan a los miembros de la comunidad y recuperen su confianza fracasaron. A finales del año pasado, retiró el apoyo financiero para la policía de Rivera Hernández, bajo una ley de derechos humanos que prohíbe brindar ayuda a oficiales de policía que participen en violaciones graves a los derechos humanos.
En una reunión semanal de los líderes de las comunidades en Rivera Hernández, pregunté si alguno de ellos iría a la estación de policía para denunciar un crimen. Nadie levantó la mano. “Nadie que con sus cinco sentidos denunciaría un crimen”, dijo Pacheco. El jefe de policía de Rivera Hernández, Eduardo Turcios, dijo que al menos uno uno de cada cinco de sus policías era corrupto, pero los líderes de la comunidad dicen que cerca de la mitad de ellos lo son.
Pacheco conoce a dos familias que denunciaron un crimen a la policía. Los oficiales los delataron, y tres miembros de la familia fueron asesinados ese mismo día. Los pandilleros de la Mara Salvatrucha en Rivera Hernández dicen que la policía les avisa de redadas inminentes y les entregan a rivales capturados para que los ejecuten, a cambio de un monto que va de 440 a 2200 dólares por cabeza.
Los policías también participan en asesinatos extrajudiciales. El pasado 9 de octubre, después del asesinato de un policía en Rivera Hernández, los oficiales arrestaron a un chico de 15 años, quien fue hallado muerto el día siguiente, con signos de tortura en el cuerpo.
“Tocas una parte del cuerpo y está llena de pus. Tocas otra, y también está llena de pus. Todo el cuerpo está podrido”, dijo sobre la policía Luis Ortiz, quien dirige el sector de San Pedro Sula de la ASJ.
Sin embargo, recortar financiamiento para la policía es igual a recortar apoyo para la los programas de prevención de la violencia que organizaron, incluyendo todos los proyectos, desde murales de paz sobre las paredes con niños de la localidad, hasta brigadas médicas y programas contra las pandillas en las escuelas. Los líderes de la comunidad dicen que Estados Unidos debe encontrar una mejor manera de castigar a los policías corruptos, sin eliminar programas que ayudan a los niños.
Finalmente, cerca de la mitad de los presupuestos de financiamiento del Congreso para Honduras van a dar a la burocracia del Departamento de Estado y a empresas a las que les pagan para administrar los programas —las llamadas beltway bandits—, en vez de que lleguen directamente a los hondureños o a las organizaciones locales sin fines de lucro. Incluso el apoyo que recibe Pacheco se queda corto frente a sus necesidades; vende agua de horchata en la calle para compensar la diferencia. Recientemente tuvo que irse de la Casa de la Esperanza, porque los dueños la vendieron. USAID no puede hacer nada para ayudar.
La prueba ahora es saber si Estados Unidos puede ir más allá de unos cuantos programas piloto para generar una diferencia verdadera en todo el país; además, se tendrá que ver cuál es el costo. “Un programa como ese debe ser masivo, con mucho dinero, no programas aislados por aquí y por allá”, dijo Kurt Ver Beek, cofundador de la ASJ.
Estados Unidos también necesitará presionar a Honduras para subir su aporte de dinero con el fin de prevenir la violencia; tan solo gasta en ese tipo de programas el seis por ciento de impuestos destinados a reducir la violencia. Además, necesita condicionar la ayuda a Honduras para lograr avances y limpiar niveles épicos de corrupción.
Por lo menos ahora hay esperanza. Carlos Manuel Escobar Gómez, de 14 años, me dijo que las cosas iban tan mal hace dos años que ya estaba listo para subirse a trenes de carga que lo llevaran a Estados Unidos a través de México. Sus padres y su hermano estaban muertos, y él estaba seguro de que no llegaría a su cumpleaños número 11. Vio cómo asesinaban a dos personas mientras iban a la tienda a comprar leche. Lo asaltaron con un arma. Rara vez salía de casa. Ahora, dijo, ya no quiere migrar al norte.
“Puedes estar afuera, sentado, hablando”, dijo, como si fuera un lujo quedarse en la calle polvorienta. Pasa las tardes vendiendo mangos y plátanos de puerta en puerta, y va al centro de Linares para que lo ayuden con las tareas o a jugar fútbol. Además, exclamó con sorpresa: “No he visto un cadáver en todo un año”.
- Escrito por Sonia Nazairo en New York Times:
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