¿Nunca antes un gobierno había quedado tan aislado como lo está actualmente el de Dilma Rousseff en Brasil? ¿O es la misma Dilma la que está sufriendo ese aislamiento? Parece que una combinación de ambas, de la cual tampoco sale airoso el partido que ha configurado e instaurado por 13 años en Brasil, un modelo de gobierno apegado al bolivarianismo de la izquierda latinoamericana y a las estrategias político-económicas del socialismo de Marx, aunque un poco más exacerbadas: el Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores o PT).
Para entender porqué existe hoy en día ésta situación de total inestabilidad política en el Estado brasileño es necesario ubicarse en el punto de origen del problema. Aunque lo evidente nos dice que no existe relación entre el escándalo de corrupción en Petrobras y las acusaciones que se le imputan a la presidenta Rousseff para llevarla un impeachment o juicio político, puede que sí haya una conexión, al menos indirecta, entre ambos detonantes de esta crisis política.
Primeramente, el escándalo de corrupción descubierto en Petrobras consistía en una compleja red de tráfico de influencias en la que, básicamente, funcionarios del Gobierno de Rousseff operaron como mediadores entre la estatal petrolera y un grupo de presidentes y dueños de contratistas y constructoras afiliadas a Petrobras para que éstas consiguieran millonarios contratos selectivos a cambio de una comisión de ganancia como parte del negocio y las cláusulas estipuladas en esos contratos. Dentro de la Operación “Lava Jato”, como se le conoce al operativo de los cuerpos de seguridad del Estado brasileño para investigar este escándalo, está involucrado el expresidente y mentor político de Dilma, Lula da Silva, quien fue designado por la misma Rousseff como Jefe de Casa Civil (una especie de primer ministro), aparentemente, con el objetivo de brindarle inmunidad parlamentaria y que no fuese sometido a los devastadores efectos de Lava Jato y, por ende, a la justicia brasileña, por lo que hubiera sido intocable. Esas denuncias de encubrimiento político de Dilma, aunado a los presuntos pagos por sobornos que recibió Lula, podrían ser parte de la estrategia del PT para el financiamiento de la campaña a la reelección de Dilma en 2014 y los programas sociales de políticas públicas a la clase baja bandera de su gobierno. Entendiendo entonces esa reelección de Dilma como el producto de una supuesta maniobra fiscal que a ella se le atribuye para ocultar el déficit presupuestario al desviar fondos de la banca pública a su partido y “tapar el agujero” con préstamos solicitados a esos mismos banco públicos; delito por el cual se inició un proceso de impeachment en su contra aprobado por la mayoría de la Cámara Baja de diputados (Congreso) con 367 votos a favor y 137 en contra.
Ahora pues, el Congreso envió al Senado (Cámara Alta) un informe de admisibilidad en el que argumenta por qué Dilma debe ser enjuiciada, al mismo tiempo que en el Senado se formó una comisión para estudiar el caso. Esa comisión senatorial aprobó el informe y recomendó la suspensión de Rousseff por 180 días, sin embargo, Dilma propuso la celebración de un referendo consultivo para que el pueblo decida con la legitimidad del voto si quiere que ella continúe en el poder y evalúe su gobierno: única estrategia que le quedaba al perder alianzas en el Parlamento, ser abandonada por el PMDB y rechazada por el PP, aunque ella no contaba con que el 9 de mayo, tras la destitución por investigación de corrupción del presidente de la Cámara Baja Eduardo Cunha, que el ahora presidente interino, Walter Maranhão, anulara la sesión de voto del impeachment por “prejuzgamiento” y "ofensa al amplio derecho de defensa" de la mandataria.
Cabe destacar que Dilma no ha mostrado intención de defenderse mediante argumentos apelativos de análisis probatorio, sino que más bien ha mostrado intención de protegerse más que de contraatacar, la influencia de su aliado Maranhão parece ser el freno temporal a un proceso que podría alargarse para que Dilma gane tiempo de establecer una consulta en la que el segmento de la clase baja que aún la apoya le dé su voto de contención en el poder. Ahora pues, a pesar de que Rousseff usó sus influencias e introdujo un recurso de anulación, si la mayoría del Congreso y las dos terceras partes del Senado lo invalidan, el voto de la Comisión será inevitablemente el 11 de mayo, haciendo que Dilma no tenga tiempo de apelar al voto de la clase baja mientras que el diputado opositor Raimundo Lira, presidente de la Comisión del Senado para el Impeachment, dijo que la votación prevista para el 11/05 sigue en pie, el Jefe del Senado Renan Calheiros ordenó seguir el proceso de destitución rechazando la decisión del interino del Congreso y también dándose el factible escenario de que si la Comisión propone votar una moción para invalidar la decisión de Maranhão, es inevitable el voto del informe. Esto quebraría el recurso de Rousseff, su alianza con el interino del Congreso y su propuesta de consulta en la que se respaldaría de la población adepta a sus políticas de subsidios y programas de ayuda gubernamental socio-económica provenientes del gasto público para basar su agenda en un populismo muy característico de gobiernos de izquierda y pseudo-socialistas con fines más políticos de partido que económicos de desarrollo nacional y crecimiento del PIB junto la disminución del 20% de desempleo y alta inflación.
Es así pues que el aislamiento político de Dilma es tan grande que si se aprueba el 11 de mayo su destitución por 180 días al respaldar el informe de admisibilidad y la denuncia de malversación de fondos públicos presupuestarios, el PT podría contagiarse de tal plaga política y el gobierno interino asumido durante 6 meses mientras Rousseff trata de defenderse y apelar en 20, por el vicepresidente y mayor enemigo de Dilma, Michel Temer, podría dar inicio a un modelo de centro en el que el radical PMDB asuma el poder y busque acelerar el proceso en el Senado mediante la contra-argumentación a la defensa de Rousseff para que el juicio final llegue y a los 6 meses el Senado apruebe su destitución con la mayoría de dos tercios de la Cámara Alta en el pleno del Senado Federal.
Brasil está a sólo horas de ver si finalmente cae el gobierno que la mitad del polarizado país adversa para decidir si se queda con un modelo centrista de liberalización y reformismo económico y austeridad social proinversora y promercado como el del PMDB de Temer, o si decide elegir un nuevo modelo de centro-derecha o de derecha pura, puede que hasta de centro-izquierda, en unas nuevas elecciones después de los 180 días de aparentemente inevitable destitución de Dilma y el gobierno de su mayor enemigo. Lo cierto es que una transición política y del sistema de partidos y alianzas en el Parlamento está a punto de darse en un país dividido que se cansó de la hegemonía de 13 años del Partido de los Trabajadores, el partido con el mayor índice de corrupción estatal en la historia de los gobiernos brasileños, porque aunque esta no sea la primera vez de la corrupción en Brasil y la haya habido en casi todos sus gobiernos anteriores, el PT ha protagonizado el mayor error político de la historia de Brasil: usar el populismo para hacer política en lugar de usar el potencial laboral, inversor, productor y exportador del quinto país más grande del mundo y en su momento la primera economía de Latinoamérica para crear un modelo económico que fuese ejemplo a seguir para el resto del mundo, incluso para China, EE.UU., Alemania y Rusia: el socialismo de mercado, al cual Brasil estaba muy propenso pero decidió echar por la borda al jugar al Estado de la corrupción y no al Estado del bienestar y de derecho.
Ricardo Serrano / @RS_Journalist.
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