Al principio podrá sonar rara e incongruente la frase que describe este post, pero en realidad es una breve demostración de lo que está sucediendo en el territorio venezolano. El pasado mes de diciembre mediante el sufragio universal, secreto y directo, demostramos que queríamos un cambio en nuestro Estado. Ese cambio se materializó en primera instancia con la conformación de una nueva e histórica Asamblea Nacional. El Poder Legislativo pasaría en manos de una oposición con ganas de demostrar el potencial que tiene Venezuela. Pero supongo que no todo es igual a como se escribe, ¿no?.
Lo ideal sería la existencia de un “check and balance” constitucional, frase resonada en los pasillos de las facultades de ciencias jurídicas y políticas, la cual hace referencia a una simple congruencia en los actos que realice cada Poder Público, donde se limite la acción de cada uno por medio de acción del otro. En otras palabras, por eso el Tribunal Supremo de Justicia declara, en su Sala Constitucional, valga la necesaria redundancia, la constitucionalidad o no de una ley que legisle el Poder Legislativo, por ejemplo.
El día de ayer se conoció oficialmente que el TSJ en su Sala Constitucional, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional promulgada por la Asamblea Nacional, la cual buscaba poner en libertad a unas 78 personas a las que la oposición considera como "presos políticos", incluyendo al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Finalidad, obviamente, cuestionada por el Poder Ejecutivo y en consecuencia, por este Poder Judicial que se ha encargado de empeorar las acciones propuestas por el Poder Legislativo, corrompiendo de esta forma con el equilibrio de poderes que supuestamente se garantiza en nuestra Carta Magna.
Desde la entrada en funciones de la nueva Asamblea Nacional con mayoría opositora, el Tribunal Supremo ha emitido al menos cuatro resoluciones que han afectado importantes decisiones del Parlamento. Entre estas se incluye la reforma a la Ley del Banco Central, el rechazo a la Ley de Emergencia Económica presentada por el Gobierno, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, así como otra sentencia que redujo sensiblemente la capacidad del Legislativo venezolano de controlar al resto de poderes públicos.
¿Qué sucederá ahora? Si esto prosigue así, me temo que el Poder Judicial terminará haciendo cosas sin sentido, como declarar la inconstitucionalidad de toda la Asamblea Nacional. Claro, podríamos esperar eso cuando se trata de un Poder solo contra todos los demás. La cuestión radica que los venezolanos escogieron esta Asamblea Nacional para impulsar e iniciar un cambio necesario, pero que no se ha hecho como se esperó por cuestiones propias y extrañas a su voluntad. La principal víctima de ésta disputa continua de poder es el venezolano que busca respuesta entre la miseria, pero que por lo pronto lo único que recibirá es una decisión que declarará la inconstitucionalidad de su existencia.
María Viloria / @Maria_viloria.
María Viloria / @Maria_viloria.
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